Levanta ronchas la reproducción asistida

25 Agosto 2010

Levanta ronchas la reproducción asistida
Expertos y Justicia dudan del proyecto avalado por la CDC


Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com

Un proyecto que busca restringir la reproducción asistida fue impugnado ayer por profesores de derecho, doctores y por el Departamento de Justicia, aunque fue avalado por la Comisión de Derechos Civiles (CDC).

El proyecto senatorial 1568, de la autoría de Lucy Arce, castiga con hasta ocho años de cárcel el acto de pagar a una persona para “alquilar su vientre”. En este caso, una mujer carga en su útero el hijo de otra pareja porque la madre biológica no puede gestar a su criatura por razones médicas.

La medida -que fue considerada en vista pública- condena con 15 años de prisión al médico o la persona que use donantes anónimos para tener hijos.

Según cifras del Departamento de Salud -que apoyó la medida porque protege al “niño concebido”-, se estima que en Estados Unidos el 9% de las parejas tiene problemas para procrear.

Mientras, la ponencia del secretario de Justicia, Guillermo Somoza, establece que el proyecto tiene cláusulas demasiadas vagas y amplias, lo que lo convierte en inconstitucional.

“Como está redactada la medida, la misma podría echar hacia atrás los adelantos científicos e imposibilitaría el sueño de muchas personas de convertirse en padres”, dijo Somoza.

Mientras, la Comisión de Derechos Civiles apoyó la medida porque “los propuestos delitos tienen como norte la promoción y el avance de la dignidad humana”.

El presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico Penal, José Emilio González, se expresó sorprendido con el CDC y destacó que en la Isla el derecho a la intimidad -que cobija a las parejas- está expresamente en la Constitución.

“Yo no favorezco ese proyecto”, dijo González tras cuatro horas en la vista. Señaló que debe evaluarse la regulación a esta temática por la vía civil.

Mientras, el doctor Pedro J. Beauchamp, especialista en reproducción e infertilidad, planteó que el proyecto adolece de base científica.

“En vez de proveer mayor protección a los pacientes, se estaría innecesariamente restringiendo a parejas infértiles la posibilidad de tratamiento y sus esperanzas de tener un hijo”, señaló.

Mientras, la profesora de bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Linette Sánchez Quiñones, planteó que el proyecto volvería a traer en la ley distinciones discriminatorias entre los hijos, es un retroceso a los avances de la ciencia y violatorio de las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.