En jaque la educación especial

Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com
28 de agosto de 2010
El Nuevo Día


Marta Báez se hastió. Se cansó. No de ser madre de un niño de educación especial, sino de las múltiples trabas que el Departamento de Educación (DE) le pone hace una década para acceder servicios para su hijo Edrick Adorno Báez, de 13 años.

Ayer, su hastío lo tradujo en acción sin poder evitar el llanto. Fue parte de las decenas de padres y proveedores de servicios a niños de educación especial que atestaron un salón del Colegio de Abogados para denunciar el “maltrato” del DE. Allí los representantes legales del pleito de clase -que en noviembre cumple 30 años- encabezado por Rosa Lydia Vélez, anticiparon que la sindicatura “ronda” el programa de educación especial del DE. Ésa, dijo el abogado Juan Nazario, es una de las opciones que tendrá el juez José Negrón Fernández y a la que no se opondrán en una vista que se realizará el próximo 7 de noviembre.

Durante la vista, el togado discutirá, entre otros asuntos, un nuevo esquema -creado por él- que adiciona doce monitores al programa de Educación Especial. También atenderá las nuevas tarifas impuestas por el DE al programa de Remedio Provisional.

Los padres denunciaron que el DE, a través de un “memorando unilateral”, puso tope a las tarifas de los contratos entre ellos y proveedores de servicios de Remedio Provisional. Éste es un mecanismo que tienen los padres de 127,000 niños en educación especial para contratar servicios que el DE no tiene disponibles y tiene que pagar.

“Lo que se llamó provisional se convirtió en permanente. En lugar de estar debatiendo la transformación del programa de educación especial, de lo que hablamos es de retroceso”, dijo Nazario, recordando el remedio judicial conseguido en el 1992.

“Estamos ante la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico se enfrente a una sindicatura y es en el Programa de Educación Especial”, agregó.

Hizo un emplazamiento al DE y al gobernador Luis Fortuño para que revoque el memorando que El Nuevo Día dio a conocer en primicia.

Para Marta Báez el memorando es el instrumento que “pone en riesgo” las terapias del habla, ocupacional y física de su hijo, que padece de hidrancefalia (que sólo posee la mitad del cerebro). Sumida en llanto narró cómo desde que su hijo tiene tres años, el DE no cumple con darle servicios y cuando ella reclama “me mandan a un sicólogo porque dicen que tengo que aprender a bregar con mis emociones”.

Surjeily Lebrón, cuyos dos hijos de 4 y 7 años, son de educación especial, cuestionaba “dónde están los derechos” de sus hijos.