Clamor empresarial

Negocios
05 Agosto 2010

Clamor empresarial
Gestores de la Ley de Incentivos urgen mayor acción para promover a la Isla


Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Cuatro ejecutivos del sector privado reconocieron ayer que Puerto Rico no ha implementado una estrategia coherente para reactivar su economía, mientras urgieron a la Rama Ejecutiva a no trastocar la Ley de Incentivos al Desarrollo Socioeconómico (Ley 73) como parte de la reforma contributiva.

“Es urgente que, de la misma forma en que se creó un grupo de trabajo para defender el crédito de Puerto Rico, el Gobierno cree un grupo para sacar a Puerto Rico de la situación económica en la que se encuentra”, dijo Francisco Rodríguez Castro, también presidente de la Coalición del Sector Privado.

De acuerdo con Rodríguez Castro, el grupo de trabajo propuesto debe integrar a diversos sectores incluyendo la academia y el propio gobierno. El grupo debe enfocarse además en la promoción de Puerto Rico como destino de negocios, utilizando como punta de lanza la Ley 73, subrayó.

“La neutralidad o el incremento en recaudos se logra con el aumento en la actividad económica y esta ley sirve para ese propósito”, dijo Edgardo Fábregras, pasado presidente de la Asociación de Industriales.

Luego de un mar de controversia, la Ley 73 se aprobó en el 2008. Entre otras cosas, la medida ofrece incentivos y créditos para investigación y desarrollo, incentiva la empresa local y la exportación de productos y servicios especializados. También incentiva la producción de energía renovable.

Pobre ejecución

Dos años después de que la Ley 73 sustituyera aquella de Incentivos Industriales, los integrantes del comité timón conversaron con El Nuevo Día, reconociendo que los frutos no han sido suficientes.

Tal desempeño, subrayaron los entrevistados, tiene su génesis en el poco énfasis que el Gobierno ha puesto en el estatuto y al hecho de que, aunque concientes del potencial beneficio para la Isla, el Gobierno no ha designado recursos suficientes para atraer inversión a la Isla.

A manera de ejemplo, Fábregas indicó que uno de los objetivos del estatuto era promover la compra de productos locales, lo que habría significado que suplidores claves se establecieran en la Isla, pero nada se ha concretado en esa dirección.

Por su parte, Manuel Figueroa, pasado presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, explicó que el estatuto concede al secretario de Desarrollo Económico mayor facultad para aprobar los decretos.

Sin embargo, dijo que la dinámica prevaleciente en ciertas agencias como el Departamento de Hacienda y la Administración de Desperdicios Sólidos es que éstas interpretan qué actividades son elegibles para luego decidir acerca de la aplicación de un crédito.

José Julián Álvarez, pasado presidente de la Cámara de Comercio, dijo que, a su juicio, la economía es una prioridad de la administración de Gobierno. Reconoció que el Gobierno se ha enfocado en legislación y adopción de reglamentos que fueron recomendaciones del propio sector privado.

Además, hizo la salvedad de que en los pasados dos años, ha habido circunstancias extraordinarias, tanto a nivel local como internacional.

No obstante, Álvarez dijo que “atraer inversión a través de la Ley 73 es mucho más rápido que desarrollar Alianzas Público-Privadas (APP)”.

“No debemos abandonar los recursos que están disponibles por otras iniciativas”, agregó el abogado.

Gloria ajena a costa de la Isla

Lo que lamentan los entrevistados es que mientras la Isla deja de lado lo que habría servido de “plan estratégico” para atraer inversión externa a Puerto Rico, otras jurisdicciones no han perdido tiempo. Mencionaron el caso de Miami, que da a conocer su oferta de incentivos y fortalezas hasta en su propio aeropuerto. La ciudad de Orlando ahora ofrece incentivos relacionados con investigación y desarrollo entre los que figura el otorgamiento de $5,000 por cada empleo creado allí.

Los gobiernos de Irlanda y Singapur tardaron 60 y 90 días, respectivamente, en integrar la oferta contenida en la ley local en sus respectivas plataformas económicas.

Incluso, antes de dejar su cargo en la farmacéutica Johnson & Johnson, Fábregas recibió una oferta para las operaciones de la empresa en Singapur que otorgaba una concesión similar a la que él y los demás miembros del comité timón conceptualizaron. Singapur incorporó e implementó los nuevos incentivos tres meses después de que se aprobó la Ley 73 en la Isla.

“Tengo la preocupación de que otras economías estén haciendo lo que debemos hacer nosotros”, dijo Fábregas al agregar que mientras países hermanos como República Dominicana tienen al menos 50 profesionales dedicados a buscar inversión externa y otros 50 para promover exportaciones, en Puerto Rico apenas hay tres promotores de Fomento Comercial.

Figueroa recordó también que el estatuto busca fomentar la industria local, una de las propuestas más comentadas por peritos y economistas a lo largo del tiempo.

De igual forma, mencionó que el Modelo Estratégico para la Nueva Economía (MENE), aprobado en esta administración, incluye estrategias que podrían consumarse más efectivamente a través de la Ley 73 como serían las iniciativas de exportación.

Los entrevistados reconocieron que la Ley 73 no es la panacea a los retos económicos que experimenta la Isla, pero insistieron en que el estatuto tiene múltiples bondades. Entre éstas: ayuda a diversificar la base económica de la Isla, pero sobre todo, confiere estabilidad al sector de la manufactura, que si bien atraviesa por una transformación todavía representa el 45% de la economía local y ayuda a sostener unos 400,000 empleos directos, indirectos e inducidos.