Arizona: la manzana de la discordia

Internacionales
01 Agosto 2010

Ariozna: la manzana de la discordia
Su polémica ley de inmigración ha convertido al estado en referente-a favor y en contra- para otras iniciativas similares



Pese a la derrota legal y a las manifestaciones masivas, otros nueve estados le han dado su apoyo a la gobernadora de Arizona.Por Julia Preston / The New York Times

Nueva York - Una jueza federal en Arizona reivindicó ampliamente el miércoles la muy importante medida de la administración Obama de retar la estricta ley de inmigración del estado y afirmar la autoridad principal del gobierno federal sobre los legisladores estatales en asuntos de inmigración.

El fallo de la jueza Susan R. Bolton, en una demanda contra Arizona, radicada el 6 de julio por el Departamento de Justicia, impidió que las disposiciones centrales de la ley entraran en vigor mientras ella termina de ver el caso.

Mas, al dar el enérgico paso de suspender un estatuto incluso antes de que entre en vigor, la jueza Bolton anticipó sus opiniones sobre el caso, indicando que es probable que el gobierno federal gane al final en los puntos principales.

La decisión del secretario de Justicia, Eric H. Holder Jr., de lanzar todo el peso del Gobierno federal contra Arizona en un tema que ha levantado pasiones entre los habitantes del estado, ha irritado a muchos gobernadores estatales, y nueve estados han emitido mociones de apoyo a Arizona en el caso judicial.

Pero la jueza Bolton encontró que la ley estaba de parte del Departamento de Justicia en su argumento de que muchas disposiciones del estatuto de Arizona interferirían con la ley y la política federal. La gobernadora Jan Brewer dijo que el estado apelaría la decisión.

A pesar de que el fallo de la jueza Bolton no es final, parece probable que detenga, por lo menos temporalmente, un movimiento en expansión por parte de los estados para combatir la inmigración ilegal, convirtiendo en crimen estatal el que un inmigrante ande sin documentos legales e imponiendo nuevos requisitos a los policías estatales y locales para hacer cumplir la ley de inmigración.

“Esto es un aviso a cualquier otra jurisdicción” que esté considerando una ley similar, dijo Thomas A. Saenz, presidente del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, que presentó una demanda separada contra la ley, también ante la jueza Bolton.

La ley de Arizona se distingue de cientos de estatutos adoptados por estados en años recientes para desalentar a los inmigrantes ilegales. El estatuto convierte en crimen estatal el que los inmigrantes no lleven consigo documentos que prueben su condición de legales, y requiere que los policías estatales determinen la condición migratoria de cualquier persona que detengan por otra razón, si existe una “sospecha razonable”.

El sólo hecho de estar en el estado sin ser un inmigrante legal constituye una violación civil según la ley federal, pero no un crimen.

Los abogados de Arizona replicaron que el estatuto fue escrito para complementar la ley federal. La jueza Bolton rechazó dicho argumento, descubriendo que cuatro de sus principales disposiciones interferían o confligían directamente con las leyes federales.

La policía de Arizona, escribió ella, tendría que interrogar a todas las personas que detuvieran sobre su condición migratoria, generando así un torrente de solicitudes de confirmación a las autoridades de inmigración. La cantidad de solicitudes “probablemente recargaría de una manera impermisible los recursos federales y alejaría a las agencias federales de las prioridades que tienen establecidas”, escribió ella.

El riesgo de los “legales”

Aunque los opositores a la ley de Arizona habían dicho que la misma conduciría a la elaboración de perfiles racistas, el Departamento de Justicia no se encarga de estos asuntos en sus procesos judiciales. Pero la jueza Bolton les abrió paso al descubrir riesgos para los inmigrantes legales y quizás para los ciudadanos estadounidenses. Existe una “probabilidad sustancial de que los policías arresten erróneamente a extranjeros residentes legales”, escribió ella, y dijo que los turistas extranjeros podrían ser detenidos también erróneamente.

Ella descubrió que la ley incrementaría “la intromisión de la presencia policíaca en las vidas de extranjeros legalmente presentes (e incluso de ciudadanos de Estados Unidos), quienes, necesariamente, se verían afectados” por ella. La jueza Bolton fue nombrada por el presidente Bill Clinton en 2000.

Hannah August, una portavoz del Departamento de Justicia, dijo: “Aunque comprendemos la frustración de los habitantes de Arizona por el deteriorado sistema de inmigración, un remiendo a base de normas estatales y locales entorpecería seriamente la labor policíaca federal en asuntos de inmigración”.

Algunos críticos dijeron que la jueza Bolton había tomado una decisión con demasiada rapidez. Peter Schuk, un profesor de leyes de inmigración en Yale, dijo que la jueza Bolton debía haber permitido que la ley entrara en vigor, cosa que estaba programada para el jueves pasado, antes de emitir una orden que redujera el poder de la legislatura estatal.

“Ella se apresuró a juzgar de una manera que yo sólo puedo suponer que refleja mucha presión de parte del gobierno federal para tener este caso resuelto rápidamente”, dijo él.

Ahora, el fallo de la jueza Bolton ha vuelto a poner la presión política sobre el presidente Obama para demostrar que él puede hacer cumplir efectivamente las leyes fronterizas, y seguir adelante con una reforma de las leyes de inmigración, para que los estados no traten de tomar medidas tal como hizo Arizona.