¿Torceduras de Brazos?

jueves, 1 de julio de 2010
Antonio R. Gómez y Nydia Bauzá / Primera Hora
Con la ausencia de las delegaciones populares y en medio de la tensión generada por la fuerte presencia policiaca y su violenta reacción contra los manifestantes que llegaron hasta el Capitolio, la Legislatura novoprogresista completó ayer el proceso que llevaría a la aprobación del presupuesto del país, tras largas horas de negociación.

Por orden del presidente del PPD, Héctor Ferrer, los legisladores de oposición abandonaron los hemiciclos y consignaron su voto en contra de todas las medidas y nombramientos que se consideraran anoche, en protesta por la situación de violencia que se vivió ayer en dicho recinto.

El presupuesto se debatía aún al cierre de esta edición.

No a enmienda del carso

Último día de sesión Agresiones y macanazos en protesta estudiantil en el Capitolio El controvertible proyecto que le otorga amplios poderes al secretario de Recursos Naturales para permitir proyectos de construcción en la región kárstica del país se colgó anoche en los comités de conferencias de ambas cámaras.

La medida se había aprobado en fast track el viernes en la Cámara de Representantes.

En horas de la tarde, la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, María Santiago, había dicho que el proyecto de ley se quedaría pendiente para la segunda sesión ordinaria porque se había presentado muy rápido y debía discutirse a fondo. En la noche sorpresivamente la legisladora cambió de parecer pero luego se ahogó en el trámite al regresar a la Cámara.

“No hemos tenido la oportunidad de discutir (las enmiendas) con la Cámara”, dijo la legisladora en la tarde.

Santiago votó a favor del proyecto a pesar de que había asegurado que la medida como está redactada le da una facultad demasiado amplia al secretario del DRNA y deja la puerta abierta a que se permita el desarrollo de proyectos de toda índole en la zona kárstica.

El proyecto de ley fue impulsado originalmente el año pasado por el representante Waldemar Quiles, pero fue derrotado. El representante Eric Correa lo revivió y se aprobó el viernes pasado en la Cámara, con el voto en contra de la minoría popular. No fue evaluado en vistas públicas y esa misma noche pasó al Senado.

El asesor científico del grupo Ciudadanos del Karso, Luis Jorge Rivera Herrerra, dijo que la Legislatura debió evaluar las graves implicaciones que tendría esta medida en el suministro de agua potable en los municipios de esa región, en la estabilidad de empleos de la industria farmacéutica y en las vaquerías de la zona.

“Deben evaluar las graves implicaciones que tendría esta medida en el suministro de agua potable en los municipios de esa región, en la estabilidad de empleos de la industria farmacéutica y en las vaquerías de la zona”, sostuvo Rivera.

La medida generó oposición en numerosos sectores y se justificó públicamente como necesaria para viabilizar el desarrollo de infraestructura necesaria para el país. Se mencionó específicamente la extensión de la autopista PR-22 hacia el oeste y el posible gasoducto programado para el área.

Contribución a casinos

Hubo acuerdo anoche sobre la debatida medida para imponer un impuesto de hasta $45 millones a los casinos que operan en los hoteles del país. Se informó a Primera Hora que el arreglo es cobrar el impuesto sobre los “primeros” $305 millones que generen las máquinas tragamonedas y no sobre los $119 millones como se propuso originalmente.

La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) y las organizaciones que agrupan sindicalmente a los trabajadores de la industria turística se opusieron enérgicamente a la medida y reclamaron que la misma provocaría el cierre de varias hospederías y la cesantía de miles de trabajadores del sector.

Las gestiones de estos grupos lograron que la Cámara de Representantes aprobará el proyecto con la disposición de que se cobrara el impuesto sobre lo que generan al presente dichas máquinas, cifra que se fijó en los $315 millones. La propuesta se basó en las expresiones del secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, de que los recaudos de las tragamonedas aumentarían con la eliminación de las máquinas de entretenimiento que operan ilegalmente. Trascendió que La Fortaleza intentaría buscar un punto medio que fuera cercano a los $260 millones, pero las negociaciones ayer concluyeron con el acuerdo de $305.

Impuestos a propiedades

Tras tensas y largas negociaciones se logró un lenguaje que permitiría aprobar anoche el controvertido proyecto que permite registrar propiedades que no han sido tasadas y que concede una amnistía a los que tengan deudas de este tipo de contribución.

Alcaldes de los dos partidos objetaron la versión original, encabezados por el novoprogresista Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián y presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

El debate se centró en la distribución que se hará del dinero que se recaude de dicha medida, ya que el Gobierno central proyectó como ingreso propio unos $121 millones. Otra de las controversias en esta medida era la creación de un organismo paralelo al CRIM, de origen privado, que se encargaría de cobrar lo dispuesto por esta medida, a cambio de un 15 por ciento de comisión. Además de los alcaldes la medida enfrentó la oposición de los trabajadores del CRIM que reclamaron por sus empleos. Una de las enmiendas que se debatía ayer en el comité de conferencia era la posibilidad de establecer dentro de la ley la garantía de empleo para todos los trabajadores del CRIM. No fue posible precisar el lenguaje final al cierre de esta edición.

Asambleas en la UPR

La medida aprobada anoche por el Comité de Conferencia del Senado, enmienda la Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para establecer que toda toma de decisiones que se requieran mediante asamblea en los diversos organismos que componen el sistema universitario se lleven a cabo por el voto directo y secreto de los miembros por vía electrónica.

En la misma se dispone que será deber de la Junta de Síndicos de la UPR establecer mediante reglamento el procedimiento para aquellos asuntos que requieran llevarse a votación conforme a la ley.
Será además su deber incluir en dicho reglamento el que se garantice la participación de todos los estudiantes y la debida notificación para la toma de cada decisión.

En el caso de que las determinaciones decisiones acuerdos expresiones de los consejos que afecten directa o directamente a los estudiantes se requerirá la aprobación de la mayoría del total de todos los estudiantes a través de la consulta electrónica con el propósito de garantizar la participación y expresión plena directa libre y democrática de todos los estudiantes

Este proyecto de ley fue presentado por el representante del Partido Nuevo Progresista, Ángel “Gary” Rodríguez.