22 Julio 2010
El malestar con la versión que aprobó la Legislatura del plan que fusiona los consejos de educación provocó la renuncia de los dos principales funcionarios del Consejo de Educación Superior (CES).
El Plan de Reorganización consolida el CES y el Consejo General de Educación en un solo ente: el Consejo de Educación de Puerto Rico.
José Aparicio y Madeline Quilichini, ex presidente y ex vicepresidenta, respectivamente, expresaron al gobernador Luis Fortuño en sus respectivas cartas de dimisión -enviadas el 13 de julio y a las que El Nuevo Día tuvo acceso ayer- su preocupación por la flexibilización y pérdida de poderes del CES.
Con ambas renuncias, el organismo quedó con solo tres de sus nueve miembros. David Báez, director ejecutivo del CES, informó que Máximo Cerame Vivas funge como presidente, mientras que el recién nombrado miembro Edgar Sánchez Rivera es el vicepresidente. El tercer miembro es el secretario de Educación (DE), cargo que ocupa interinamente Jesús Rivera Sánchez.
Estas renuncias se suman a las suscitadas en el pasado año tras la aprobación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, que produjo el despido de 21 de los 57 empleados del CES.
“La ley recién aprobada establece una política pública que no responde adecuadamente al interés de nuestro pueblo en mantener altos niveles de calidad en su sistema de educación, tanto pública como privada”, lee parte de la misiva de Quilichini.
“Conducirá inevitablemente al deterioro de la calidad de la educación en Puerto Rico, a todos los niveles. Ello conllevará la devaluación de nuestros grados y títulos profesionales ante la comunidad académica y ante las empresas en Puerto Rico, de los Estados Unidos y de otros países que reciben los servicios de nuestros egresados”, advirtió la funcionaria, que había sido nombrada por el propio Fortuño.
Entretanto, en su carta Aparicio hizo un recuento de los traspiés enfrentados por los miembros del CES durante el proceso de análisis del Plan desde que fue sometido por el Ejecutivo. “Unánimemente coincidimos en que los autores del proyecto no conocían o sus asesores no les habían explicado los postulados más básicos que hasta ahora han regido la educación superior de Puerto Rico y Estados Unidos”, afirmó.
Las principales reservas manifestadas por Aparicio, Quilichini y el propio Cerame Vivas -también nombrado por Fortuño- se referían a la reducción del tiempo y la autoridad para evaluar los programas académicos de las instituciones de educación superior que tramitan licencias, y el poco tiempo dispuesto (30 días) para consolidar el CES con el Consejo General.
La Fortaleza no pudo confirmar ayer si recibió la versión del Plan aprobado el 30 de junio por la Legislatura.
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