Lluvia de contratos sin subasta

07 Julio 2010

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - En 2009, la entonces jefatura del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) promovió continuamente la adjudicación directa de contratos millonarios por servicios profesionales que debieron de haber sido sometidos a procesos de subasta, según documentos obtenidos por El Nuevo Día.

La mayor parte de ellos -que aparecen referidos por el entonces subsecretario de Asuntos Académicos, Juan Rodríguez González- fueron paralizados en la Unidad de Adjudicación de Fondos de la Oficina de Asuntos Federales del DE.

Otros, sin embargo, llegaron a otorgarse como procedimientos de compras, aunque debieron de haber sido tramitados como contratos, de acuerdo a análisis internos del propio DE.

Por lo menos uno de esos proyectos -que se le otorgó a la Editorial Panamericana- fue denunciado ante la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal, según fuentes.

Originalmente, Editorial Panamericana propuso un programa para certificar maestros y facilitadores del programa de español en el área de redacción, a un costo de $1.6 millones.

El entonces director de la Oficina de Asuntos Federales, William Ubiñas, le advirtió al presidente de Editorial Panamericana, Julio C. Cabral Veras, que la entidad no era elegible para someter planes de trabajo a través de la Unidad de Adjudicación de Fondos. Sólo los distritos escolares, el nivel central, escuelas de asistencia directa, agencias del gobierno y la oficina del Secretario de Educación pueden someter planes de trabajo, advirtió Ubiñas, de acuerdo a la ley y los acuerdos administrativos de 2004 con el Gobierno federal.

Pero, el propio DE sometió un plan de certificación de maestros y facilitadores del programa de inglés prácticamente idéntico al de la Editorial Panamericana, el cual se recomendó que se le adjudicara a esa empresa por un valor de $2.98 millones.

“Lo aprobaron como un procedimiento de compras, manipulando los programas internos”, dijo una fuente del DE cercana a los trámites de esos contratos. Durante el gobierno de Luis Fortuño, Editorial Panamericana ha tenido contratos con el DE ascendentes a $3.2 millones. En declaraciones escritas, Cabral Veras aseguró que siempre “han cumplido con las exigencias procesales de esa agencia”.

El DE, que tiene una estructura administrativa distinta a la de 2009, optó por no hacer comentarios.

Otro plan de trabajo que levantó ampollas internas en el DE fue un contrato de consultoría a la doctora Yolanda Ramos, una ex secretaria auxiliar de Educación, y al doctor J. R. Román para asesoría en el “diseño y manejo” de la Academia de Padres de 2009, según documentos oficiales.

El plan original fue propuesto por la propia doctora Ramos. Pese a que fue devuelto por haber sido sometido por Ramos -no era elegible por ser un ente privado el que lo proponía-, el plan revivió después como proyecto interno del DE.

Ese plan, que tuvo el número 253, terminó adjudicando servicios profesionales por $23,200 a Ramos y $14,300 a Román, sin pasar por un proceso de subasta, según el propio análisis hecho en la Oficina de Asuntos Federales del DE.

Síntoma de un mal mayor

La presentación de planes de trabajo impulsados por sectores privados -según las fuentes- matizó los problemas administrativos que existieron por lo menos durante 2009 en las altas estructuras del DE, en momentos en que Carlos Chardón era el secretario de ese departamento.

Esos conflictos, según las fuentes, fueron independientes a los choques de visión que tuvo Chardón y su equipo de trabajo con asesores del gobernador Fortuño en La Fortaleza, lo que finalmente provocó el cambio en la jefatura de entonces del DE y en el nombramiento como secretaria de Odette Piñeiro, destituida recientemente.

Conocidas las fallas

En un informe del 1 de octubre de 2009, la Unidad de Adjudicación de Fondos de la Oficina de Asuntos Federal ya había advertido que la selección de servicios profesionales financiados por fondos federales no se hacía adecuadamente en el DE.

Hasta entonces el 55% de los planes de trabajo habían sido sometidos fuera de la fecha límite y el 38% estaban incompletos. Mientras, el 14% -20 de 138- fueron planes que se recomendó fueran negados, pero se les dio aprobación, según el análisis interno.