GPS para agresores

jueves, 8 de julio de 2010
Nydia Bauzá / Primera Hora

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) condicionó ayer su apoyo a un proyecto de ley que obligaría a los jueces a poner bajo supervisión electrónica las 24 horas del día a un imputado de delito grave de violencia doméstica que haya utilizado un arma de fuego.

La medida propone que en vez de un grillete, los agresores estén sujetos a un localizador (GPS), que registraría sus movimientos a través de un sistema global de navegación por satélite.

La directora de Supervisión y Seguimiento de OSAJ, Waleska Casiano, advirtió que el costo del monitoreo por GPS podría ser mayor al del sistema de radiofrecuencia que utilizan hoy día.

Dijo que para ofrecer un seguimiento a estos casos, la OSAJ necesitaría aumentar los agentes encargados de supervisión.

Casiano sugirió que se asigne un presupuesto recurrente a la OSAJ para cubrir el aumento del costo de los brazaletes electrónicos y para reclutar personal de supervisión y seguimiento. Además, dijo que tendrían que reclutar al menos 45 agentes para la Unidad de Investigaciones y Arrestos y cinco especialistas en Seguridad y Vigilancia Electrónica.

“Es bien importante que se considere esta condición ya que debido al volumen de casos de violencia doméstica que se generan en Puerto Rico, nuestra agencia necesita los recursos idóneos para mantener la supervisión constante al imputado de delito y así proveer la seguridad pública a las víctimas y a la sociedad”, sostuvo la abogada en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Casiano dijo que los casos de violencia doméstica bajo supervisión electrónica han aumentado considerablemente.

“La OSAJ entiende que se debe usar toda la tecnología moderna disponible para ayudar a evitar que estos casos de violencia sigan ocurriendo”, dijo.

Actualmente, los jueces tienen discreción de imponerles vigilancia electrónica de 24 horas a los imputados de violar la Ley 54. La medida los obligaría a hacerlo.

El representante de la minoría popular Charlie Hernández expresó reservas al proyecto porque dijo que sería una limitación adicional al derecho a la fianza.

“Antes era a discreción del tribunal, ahora es una limitación forzosa. El problema es que la ley no tiene que ver con el convicto, sino con el imputado de delito que no ha tenido la oportunidad de defenderse en el tribunal”, sostuvo Hernández.

La presidenta de la Comisión y una de las autoras de la medida, Liza Fernández, dijo que el GPS está siendo utilizado en un programa federal en Puerto Rico. “Vamos a reunirnos con la entidad que lo tiene a cargo para ver si realmente funciona”, sostuvo la legisladora.