Se perderán $150 millones con video-lotería

Se perderán $150 millones con video-lotería Por Brenda A. Vázquez Colón EL VOCERO
Miércoles 19 de Mayo de 2010 05:27


Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo. (El Vocero / archivo)
“Esta es una de las amenazas más serias que ha afectado a la industria turística. Puerto Rico pierde con esta medida que afectará al Fondo General de Puerto Rico, Fondo Educativo, Compañía de Turismo, sector del turismo y la sociedad en general”.


Esta fueron las declaraciones de Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, sobre el controvertible Proyecto 2690 de la Cámara de Representantes que busca legalizar la instalación de 40,000 máquinas tragamonedas en los establecimientos comerciales, las cuales alegadamente competirían con los casinos de la Isla.



Jiménez mencionó hizo referencia a un estudio de la firma Spectrum que determinó que la implantación de la videolotería resultará en una reducción neta de $150 millones, que incluye $26 millones o el 38% del presupuesto del Fondo Educacional del que se nutre la Universidad de Puerto Rico. Este impacto se calculó con la implementación de 20,000 máquinas y en la Isla se pretenden instalar 40,000, lo que representaría un impacto doble. “La videolotería no representa una solución real a la insuficiencia de fondos del Gobierno. Se está poniendo en riesgo millones de dólares en ingresos sin garantías de que el proyecto genere ingresos adicionales”, opinó la presidenta.



Por su parte, Miguel Vega, presidente de la Junta de Directores de la Asociación, aseguró que el proyecto está basado en suposiciones incorrectas, por lo que expone proyecciones incorrectas. “El proyecto se ha radicado de una manera atropellada y apresurada. Se realizó sin ninguna evidencia de que ya existen 100,000 máquinas ilegales y lejos de eliminar máquinas, suma nuevas unidades.



Además, no está claro cómo el sistema va a producir ingresos y cómo se distribuirán”, explicó Vega, quien también criticó que se haya cambiado el destino de los fondos, ya que primero se dijo que irían al Fondo General y luego que se destinarían a eliminar la sobretasa del CRIM de propiedades inmuebles.



La Asociación reveló, además, que en febrero del año pasado el codueño de Caribbean Cage, Robert Johnson, dijo, en un artículo de Washington Post, que tenía planes de instalar máquinas tragamonedas en el Caribe y que le presentaría esta opción a los gobiernos como una fuente de ingreso. Meses después, el pasado Secretario de Hacienda firmó una carta sobre la intención de un consorcio con esta empresa para instalar máquinas de videolotería, sin que existiera una ley que reglamentara su uso.



En la misma entrevista Johnson comentó que su empresa se queda con el 60% del ingreso bruto generado por las tragamonedas, lo que se estima que podría sobrepasar los $3,000 millones en un periodo de 12 años. A parte, explicó que la administración del sistema de vídeo-lotería se realiza a través de un contrato por servicios profesionales, igual al Proyecto 2690, lo que es inusual porque este tipo de medida se realiza a través de subastas públicas.



En cuanto a las recientes expresiones de Jaime López, director de la Compañía de Turismo, quien defendió el proyecto asegurando que el mismo está bien reglamentado y que protege las áreas geográficas cercanas a los casinos, Ismael Vega, presidente electo de la Asociación comentó que el proyecto no controlará que un menor juegue, no contará con inspectores que vigilen la pureza del juego y que una protección de 300 metros no sirve de nada para proteger a los casinos de la pérdida de ingresos.