Plan peligroso para la educación

15 Junio 2010
Plan peligroso para la educación
Para evitar un atentado a la calidad que requiere la educación universitaria, el proyecto aprobado en el Senado que fusiona en un solo organismo el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo General de Educación (CGE) necesita ser discutido democráticamente y enmendado en la Cámara de Representantes en forma juiciosa.

Para evitar un atentado a la calidad que requiere la educación universitaria, el proyecto aprobado en el Senado que fusiona en un solo organismo el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo General de Educación (CGE) necesita ser discutido democráticamente y enmendado en la Cámara de Representantes en forma juiciosa.
Hace bien el presidente de la comisión cameral de Gobierno, Johnny Méndez, al decidir someter a evaluación el Plan de Reorganización Gubernamental que fusionaría ambos organismos encargados del licenciamiento de instituciones educativas públicas y privadas en el País.

La propuesta aprobada por el Senado sin la celebración de audiencias públicas, crearía un Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), absorbiendo, por un lado, las funciones del CES, que actualmente tiene a su cargo licenciar las instituciones universitarias, y por el otro, las del CGE, que licencia las escuelas públicas y privadas y otras instituciones post-secundarias no universitarias.

Para tener una idea del trabajo que correspondería el propuesto CEPR, vale anotar que este tendría a su cargo el licenciamiento y supervisión de 47 instituciones de educación superior, 117 unidades, 2,676 programas académicos y 227,546 estudiantes (hoy a cargo del CES); así como de unas 1,500 escuelas públicas y 1,039 escuelas privadas, 350 entidades post-secundarias no universitarias. En síntesis, 2,889 instituciones en total, con más mucho de medio millón de estudiantes.

Si a ello se agrega que uno de los consejos a fusionar (el CES) perdió recientemente 37 de sus 69 empleados (el 54% de su personal) como resultado de la Ley 7 de Reestructuración Fiscal, la fusión como está planteada no parece favorecer a la comunidad educativa, si no se atienden factores vitales para asegurar una educación pública y privada de óptima calidad.

Y lo de la calidad es una de las preguntas que corresponde hacerse al presidente de la Comisión, que obviamente no se le ocurrió a su contraparte del Senado, Carmelo Ríos, quien al recomendar la aprobación de la fusión en la Cámara Alta hizo referencia, sin abundar, a que la propuesta “reenfoca el dinero gubernamental hacia los estudiantes”.

Toda vez que la medida no se sometió al cedazo democrático de las audiencias públicas, al senador Ríos obviamente no se le pudo preguntar: “¿Cómo?” Como en otras instancias gubernamentales, la fusión está centrada en ahorrar $2 millones anuales al fisco.

Pero son otros los puntos verdaderamente sustantivos -y sensitivos- que merecen la atención cameral. Uno de ellos es la ausencia de facultad del nuevo consejo para evaluar los programas académicos ofrecidos por las instituciones a fin de determinar si cumplen o no con estándares de calidad preestablecidos, como tampoco para corroborar si los programas académicos cumplen con lo que estas ofrecen y, fundamentalmente, con las exigencias académicas del Estado.

Alta preocupación provoca asimismo la disposición que tiene el efecto de conceder automáticamente las licencias y sus enmiendas, al limitar al nuevo consejo a 90 días el período durante el cual deberá declarar como debidamente certificada una solicitud de licencia. La concesión automática parece ser el resultado buscado, ya que en ninguna parte del plan de fusión se indican las consecuencias de que el consejo no cumpla con el término.

La propuesta del nuevo organismo debe reenfocarse para que, libres de reglas mecánicas, los licenciamientos mantengan el rigor. Para que se preserve la autoridad de evaluar con consecuencias concretas los programas académicos y para que, con recursos y mecanismos definidos, se proteja la integridad de la educación superior como clave de nuestro desarrollo.

Las fusiones en sí mismas no son malas. Pueden hacerse malas cuando, sin valorar que lo que se está afectando es un área estratégica como la educación, los planes de reorganización se diseñan con los pies.