Avanza la reforma de permisos

15 Junio 2010
Avanza la reforma de permisos
En diciembre arranca la entidad gubernamental que promete agilizar el eterno problema de permisología


Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Tres compañías internacionales están en la recta final del proceso de propuestas convocado por el Gobierno y que busca adoptar un nuevo sistema electrónico de permisos para la Isla.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Vargas, la empresa estadounidense Accela, la canadiense CSDC y su contraparte española Everis compiten para prestar sus servicios a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), la nueva agencia de gobierno que será responsable de otorgar los permisos para el desarrollo de proyectos u operación de negocios en Puerto Rico.

Morales Vargas señaló que la empresa seleccionada comenzaría a ofrecer sus servicios en agosto, de forma tal que el sistema esté implementado para el 1 de diciembre, cuando la OGPE debe comenzar a operar. A partir de esa fecha, todos los permisos de construcción que se radiquen en la Isla deberán procesarse por la vía electrónica.

“La evaluación de los casos también tendrá que llevarse a cabo de manera digital”, explicó Morales Vargas.

Según el funcionario, la JP invitó 19 empresas a participar del proceso de solicitud de propuestas. Ocho empresas respondieron a la invitación de la JP y de éstas, tres pasaron a la etapa final.

El nuevo proceso

El año pasado, la Legislatura aprobó la Ley 161 con el objetivo de establecer un nuevo proceso de permisos en Puerto Rico.

Entre otras cosas, el estatuto otorgó un plazo de un año a la rama Ejecutiva para eliminar la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y crear una nueva estructura administrativa que incluye a la OGPE, la Oficina del Inspector General de Permisos (IGP) y una Junta Revisora.

La OGPE será la agencia encargada de evaluar, aprobar y otorgar permisos de construcción y uso de terrenos en Puerto Rico. También será responsable de emitir licencias y certificaciones o cualquier otra autorización que haga posible el desarrollo u operación de un establecimiento en Puerto Rico.

Mientras, el IGP será el organismo que dilucidará las querellas u objeciones radicadas por ciudadanos u opositores a los permisos o certificaciones expedidos por la OGPE.

Mientras, la Junta Revisora será el organismo donde se apelarían los permisos emitidos por la OGPE.

Morales Vargas conversó con El Nuevo Día durante el primer día de vistas públicas que celebra la JP para recibir comentarios acerca del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos, un documento que ronda el millar de páginas y que sirve de complemento a la Ley 161.

Pese a los detractores del reglamento y la nueva ley, a los ojos de Morales Vargas, el nuevo proceso de permisos dará orden y coherencia a la actividad de la construcción y el uso de terrenos en la Isla.

18 meses en escritorios

Según el ingeniero, sólo la implementación del sistema mecanizado de evaluación y otorgamiento de permisos agilizará considerablemente tales procesos.

A manera de ejemplo, dijo que los estudios acerca del proceso de permisos en la Isla reflejaron que construir un hotel en Puerto Rico toma unos 7.8 años.

“El análisis que se hizo partiendo del modelo Six Sigma es que de ese período, 18 meses corresponden a mover los documentos de un escritorio o de una agencia a la otra”, señaló.

Explicó que en el proceso de permisos intervienen 26 agencias. Sin embargo, sólo diez de éstas poseían reglamentos para otorgar los endosos a un proyecto de desarrollo.

Criterios arbitrarios

“Eso te dice que 16 (agencias) no tenían procesos reglamentarios para atender permisos, pero emitían endosos y establecían requisitos. Estaban basados en procesos arbitrarios”, dijo Morales Vargas mientras señalaba que dependencias como la Compañía de Turismo, el Departamento de Recreación y Deportes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados carecían de tales reglamentos.

“Encontramos casos donde la agencia tiene formularios y establece requisitos al proponente, pero esos formularios no tienen ninguna base legal”, agregó.

Las bondades del cambio

“Este reglamento viene a poner ese orden y uniformidad. Estandarizamos el proceso adjudicativo”, reiteró el titular de la JP mientras explicaba que ahora, el proceso pasa de 26 agencias a siete divisiones de la OGPE.

Recordó que el nuevo estatuto contempla excepciones como serían los casos de hallazgos arqueológicos, los cuales tendrían que ser atendidos por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

De igual forma, Morales Vargas reiteró que si los proyectos suponen un cambio al uso de los terrenos, tales casos continuarán bajo el proceso de consulta de ubicación en la JP.

Según el ingeniero, otros tres aspectos favorables del reglamento son la solicitud de “recomendación” y los mecanismos de “preconsulta” y de construcción.

En el caso del mecanismo de recomendación, éste proceso permitirá al proponente conocer asuntos específicos como el acceso a infraestructura que necesitaría su proyecto.

En la pre-consulta, el proponente entra en un diálogo con la OGPE para discutir su proyecto en la etapa de planificación.

Mientras, la consulta de construcción permitiría atender de manera expedita ciertos casos donde no hay cambios en la zonificación vigente, pero requiere ciertas modificaciones que no alteran el uso de los terrenos