lunes, 7 de junio de 2010

En manos privadas los fondos ARRA

En manos privadas los fondos ARRA Por Beatriz de la Torre, EL VOCERO
Lunes 12 de Abril de 2010 04:00


José Oritz, Presidente de la Junta de los fondos ARRA. Foto EL VOCERO/Archivo
En lo que la administración reduce la nómina gubernamental, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), calladamente le ha traspasado el manejo, control y supervisión de miles de millones de dólares de fondos ARRA a CSA Architects & Engineers Inc., empresa que en menos de una década ha recibido más de $272 millones en unos 300 contratos con el Gobierno.



Tanto en los acuerdos con AFI como en una entrevista de EL VOCERO con el presidente de la Junta Interagencial a cargo de los fondos asignados a la Isla bajo la Ley de Recuperación y Reinversión Económica federal (ARRA por sus siglas en inglés), el Ing. José F. Ortiz Vázquez, la empresa es alabada como una firma con una pericia extraordinaria para administrar el programa de asistencia de mayor envergadura en décadas. Tal pericia, aseguró Ortiz, quien también preside la junta de directores de AFI y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)ó le ha permitido a Puerto Rico recabar más fondos ARRA de los esperados. Hasta ahora la Administración Obama ha comprometido $6,491 millones en fondos ARRA para la Isla, de los cuales sólo se ha recibido hasta ahora el 7%, según reportó este diario recientemente, citando un informe del Gobierno federal.


Una costosa "herramienta"
"AFI está a cargo. CSA es una herramienta", aseguró Ortiz, quien a preguntas de EL VOCERO confirmó que el rol de la empresa en el programa de Estímulo Económico abarca lo que se conoce en términos de la burocracia federal como "desde la cuna al féretro". Esto quiere decir que tiene injerencia en todo el proceso de solicitar, obtener, subcontratar y fiscalizar el uso de estos dineros, tanto por el gobierno central como por los municipios.



En este abarcador esfuerzo, CSA dice en sus contratos que tiene trabajando 77 empleados con compensaciones que van desde $50 por hora para una ayudante administrativa, a $205 la hora para un "administrador de programa" como el ex director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Jorge L. Dávila. Una semana de labores a tiempo completo de cada uno de los varios administradores de programa ARRA de CSA equivalen al salario de unos tres meses de un maestro o de un policía.



Aún así, en entrevista con EL VOCERO, Ortiz negó que la actual administración haya pasado a manos privadas el manejo de una de las más importantes ayudas con las que cuenta la Isla para combatir la recesión. "Es una consolidación", insiste Ortiz, "no una privatización. Todas las agencias, excepto la Administración de Asuntos de Energía, están haciendo el manejo de sus propios fondos".



Pero, un examen de EL VOCERO de los varios acuerdos entre CSA y AFI, agencia que oficialmente se supone sea la encargada de administrar y fiscalizar los dineros del programa de estímulo económico federal, encontró abarcador es realmente el rol de la empresa, así como múltiples irregularidades que plagan los acuerdos oficiales.



Contratos de emergencia



Los problemas comienzan con la concesión retroactiva de un primer contrato "de emergencia" en junio del año pasado, cuando la firma supuestamente ya llevaba trabajando para AFI varios meses. Tal irregularidad es admitida por AFI como una falla, pero justificada como necesaria. "Los servicios obtenidos por AFI de CSA en aquel momento eran de emergencia por su naturaleza y necesitaban proveerse rápidamente. De lo contrario los fondos federales se hubiesen perdido. Dado que la Junta de Directores de AFI no pudo considerar y aprobar un contrato final por escrito, CSA proveyó sus servicios desde Marzo 13 al 25 de junio del 2009 a medida que se le fue requiriendo por AFI", reza la cuarta revisión del contrato. Esta enmienda tiene fecha del 20 de agosto de 2009.



La misma enmienda, simultáneamente, explica que el 12 de junio del año pasado ó poco más de dos semanas antes de que AFI firmara el primer acuerdo retroactivo ó el Secretario de Justicia había emitido una carta circular, la #2009ó004, "impidiendo que las agencias gubernamentales entraran en cualquier contrato retroactivo y requiriendo su registro en la Oficina del Contralor".



Pero, según AFI, la orden de Justicia dejó una claúsula de escape cuando estableció también guías para ejecutar acuerdos de pago por servicios rendidos sin que exista un contrato formal. De nuevo, AFI hizo hincapié en que la Isla habría perdido fondos ARRA de haber actuado como le requiere la ley y los reglamentos.



Lo que no se aclaró en ninguno de los contratos ni la entrevista con Ortiz es cual fue la razón de la supuesta emergencia, ya que la Ley ARRA estaba firmada por el Presidente Obama desde principios de febrero y aún antes de esa fecha se sabía que la Casa Blanca y el Congreso trabajaban en un programa de rescate económico.



De $14.1 millones a $28.4 millones y subiendo



Cuando se firma el primer contrato, el 2009-000335, AFI ya se había comprometido a pagarle a CSA $14.1 millones por sus servicios hasta el año 2011, cuando expira el Programa de Estímulo Económico. Esta suma ha ido aumentando, consistentemente, con las subsiguientes enmiendas y para enero de este año iba por $28.4 millones, de acuerdo con la séptima enmienda al contrato original.



La justificación de que se trataba de tareas de emergencia eliminó otro de los requisitos usuales con los que tienen que cumplir las agencias de gobierno o la celebración de una subasta pública para seleccionar al postor más bajo y mejor cualificado o al menos explorar varias opciones con el doble proceso de solicitar primero sus cualificaciones a una serie de empresas interesadas y luego, tras una eliminación preliminar, solicitarles propuestas específicas para escoger al contratista idóneo.



En este caso meramente la decisión se hizo basándose en la experiencia de los contratos previos. "La CSA ya estaba dentro de AFI", explicó Ortiz, haciendo referencia a que desde 1998 la compañía trabaja con AFI.



Otra característica peculiar de los contratos entre AFI y CSA es que establecen en su título que son por una "cantidad indefinida". Este término, sin embargo, es contrario a los requisitos establecidos por la Oficina del Contralor que exige que en todos los contratos del Gobierno se establezcan los deberes y cuantías antes de que el contratista comience a rendir sus servicios o a pagar por los mismos. De hecho, tras consultar con la división de legal del Contralor una portavoz de esa oficina le indicó a EL VOCERO que esta es la primera ocasión en que encuentran esta definición de "cantidad indefinida" en un contrato oficial.



Ortiz, sin embargo, insistió en que este es un arreglo común donde el Gobierno sabe que "voy a contratar y ya yo estipulé el costo por hora, pero no sé cuánto voy a necesitar las labores".

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