En alerta los líderes de comunidades especiales

En alerta los líderes de comunidades especiales
Por una medida que flexibilizaría las expropiaciones



Hoy día un municipio que quiera expropiar una comunidad especial tiene que comparecer ante la Legislatura para defender el fin público de su acción.Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com

Las comunidades especiales han recibido otro “golpe bajo”, luego de que el portavoz de la mayoría en el Senado, Roberto Arango, radicara una medida que eliminaría las restricciones que tienen los municipios para expropiarlas, denunció ayer el líder comunitario Jorge Oyola.

Según el récord legislativo, el proyecto de ley fue radicado el pasado 10 de mayo, último día para presentar medidas.

“Hay una indignación de parte del movimiento comunitario, de todos los que luchamos por la comunidades de uno y de los demás. Esto es un golpe bajo, quitarle ahora una parte a la Ley de Comunidades Especiales tan importante, especialmente para las que se encuentran en proceso de desalojo”, señaló Oyola, líder de la comunidad Los Filtros, en Guaynabo.

Específicamente, la medida derogaría la disposición que obliga a un municipio a ir ante la Legislatura a exponer en vista pública cuál es el fin público que lo lleva a querer expropiar una comunidad especial y que tenga que contar con el favor del 75% de los residentes para que se ejecute la expropiación.

“Como puede apreciarse, tal limitación constituye una camisa de fuerza para los planes de ordenamiento y estratégicos que tienen los municipios para la construcción de proyectos dirigidos a fomentar el bienestar de sus ciudadanos”, lee la exposición de motivos de la medida.

Ayer, el senador no devolvió las llamadas de El Nuevo Día para explicar su intención al radicar la medida.

señalan al alcalde o'neill

Mientras, la senadora popular Sila Mari González reaccionó indignada ante la propuesta. Dijo que es el segundo intento legislativo para que los municipios puedan expropiar sin restricciones y acusó al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, de estar detrás de la medida.

“Esa ley fue un esfuerzo de los propios líderes comunitarios que lograron, a través de legislación, ese requisito... para que los alcaldes no vinieran con $12,000 a sacarlos de su terreno. Porque para una persona que no tiene dinero $12,000 es un montón de dinero, pero en el mercado vale muchísimo más”, sostuvo.

Por otro lado, ésta no es la única medida que atiende la Legislatura que les quita derechos a las comunidades especiales. En la Cámara se considera un proyecto para reformar las procuradurías que le restaría poder a la Oficina de Comunidades Especiales, según han denunciado los líderes comunitarios.

Entretanto, la Comisión cameral de Familia y Comunidades atendió ayer en una vista ejecutiva una propuesta que también mantiene en alerta a los líderes comunitarios. Se trata de un proyecto radicado por la representante Lourdes Ramos, que busca que luego de aprobado el proceso de expropiación por la Legislatura y la comunidad se les pague a los residentes una cantidad “no menor al precio más alto de las viviendas de interés social”.