Duro golpe al bolsillo de los cuidos

11 Junio 2010
Duro golpe al bolsillo de los cuidos
La excesiva reglamentación erosiona en el negocio de los hogares de ancianos



Los Hogares son fiscalizados por la Oficina de Licenciamiento del DF, la Oficina de la Procuradora de la Vejez, la Oficina de Personas con Impedimentos, la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Salud, entre otros.Por Andrea Martínez / amartinez@elnuevodia.com

Año tras año, los demógrafos sentencian que la población de Puerto Rico es una de mayor edad, y con el paso del tiempo cada vez habrá más envejecientes viviendo en la Isla. Pero, los centros para cuidado de ancianos tienen tantos requisitos y supervisión de diferentes agencias que pierden atractivo como una empresa rentable.

La agobiante y excesiva reglamentación ha logrado que tanto la Asociación de Dueños Hogares como la Federación de Dueños de Hogares se unan para trazar estrategias de acción ante la situación, según dueños de hogares entrevistados por El Nuevo Día.

“El poder adquisitivo del adulto mayor no alcanza para comprar un servicio a tono con las nuevas regulaciones. A más regulaciones más se encarece el servicio”, dijo Minerva Gómez, quien decidió cerrar su negocio tras 27 años operando, tanto por razones personales como las crecientes reglamentaciones.

“Este es un negocio altamente regulado”, dijo por su parte el presidente de la Asociación de Dueños de Hogares, José Luis Romero. Indicó que ante las exigencias que rayan en lo “irrazonable”, “todos los pequeños hogares van a tener que cerrar porque no van a poder subsistir”.

Según Romero, desde junio de 2009 se ha comenzado a poner en vigor “con fuerza” el reglamento. Romero indicó que en Puerto Rico hay 1,300 centros con licencia y cerca de 800 adicionales que operan bajo la Administración de Servicios contra la Adicción. Gómez, quien pertenece a la Junta de la Asociación, dijo que un programa de cuidado básico en un hogar oscila entre los $1,200 y $1,300 mensuales. Dijo que cada mes se notifican a la Asociación de dos a tres cierres de centros de cuidado. “De esta forma se están cerrando talleres de trabajo”, dijo Gómez.

Múltiples exigencias

Entre las diferentes cosas que exige el reglamento 7349 están contar con trabajador social; enfermera (o) graduado a cargo, líder recreativo o terapista ocupacional; menús certificados por un dietista, contrato de fumigación, plan de emergencia y desalojo y programa de actividades.

Igualmente se le requiere a todos los empleados del hogar tomar anualmente un curso de educación continua. Además, se establecen requisitos de proporción de empleados por paciente y proporción de servicios sanitarios por paciente.

Los dueños de hogares tienen que radicar informes financieros anuales preparados por un contable o un CPA, otro elemento que encarece la operación. Además tienen que tener permisos de ARPE, Bomberos, Salud Ambiental, Departamento de Familia, y de la Comisión de Servicio Público, este último en caso de que usen gas fluido o provean transportación. Además tienen que conceder a sus empleados el salario mínimo federal.

El impacto en el negocio

La gerontóloga Tamara Pérez, y quien opera un hogar de cuidado para envejecientes de 28 personas, es una de las afectadas. En entrevista con El Nuevo Día, Pérez, cuya licencia recientemente fue revocada, catalogó el Reglamento 7349 como uno ambiguo que da pie a “que cualquier funcionario sea arbitrario en su aplicación”.

Explicó en que en su caso particular, el Departamento de la Familia no le envió una carta formal anunciando la revocación de su licencia para operar el hogar, ni le dieron los 15 días que estipula el reglamento para apelar la decisión.

“Ellos violaron su propio reglamento”, dijo Pérez, quien tras recibir la revocación radicó en abril una demanda contra el Departamento de la Familia. Esta acción le ha permitido seguir operando su establecimiento.

Mientras, una operadora de un centro que prefirió no ser identificada, quien tiene 17 envejecientes en cama o en sillas de ruedas, dijo que el Departamento de la Familia le ha amenazado con cerrar el centro si no contrata los servicios de un líder recreativo, lo cual para el volumen de su negocio no resulta costo efectivo.

De otra parte se supo que antes se permitía que se costearan servicios de terapista ocupacional por paciente mediante facturación al plan médico. Sin embargo, ahora Familia exige que el centro tenga a ese profesional pagado con sus fondos.

A Luz García Cruz, dueña de Optimus Care en Cidra, le cerraron su hogar el pasado abril 2010. Luego que una empleada despedida le radicara varias querellas que se resolvieron positivamente, le cerraron el lugar debido a que para esa fecha no tenía licencia pues porque estaba tramitándola. Por falta de empleados en el gobierno, dijo García Cruz, el trámite se demoró. Pero tampoco le notificaron por escrito sobre la acción - tal y como indica el reglamento- ni le honraron el tiempo de apelación.

Distintos reguladores

Sin embargo, Pérez, quien es vice presidente de la Federación de Dueños de Hogares, dijo que “nos vemos en la incertidumbre de decidir a quién la vamos a hacer caso pues cada uno tiene su librito”, dijo en relación a las múltiples entidades que regulan el negocio.

Indicó que los Hogares son fiscalizados por la Oficina de Licenciamiento del DF, la Oficina de la Procuradora de la Vejez, la Oficina de Personas con Impedimentos, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Salud, y la Oficina de Maltrato Institucional del DF.

Indicó que ha tenido visitas de funcionarios a las 4 de la madrugada un sábado. “Nos tratan como si no fuéramos profesionales”, dijo Pérez, quien además de ser gerontóloga tiene una maestría en administración de empresas.

Falta peritaje

Por su parte, el médico geriatra Walter Rosich, dijo que el reglamento que rige a esta industria ha estado en suspenso. “ Lo que está pasando es que en la Oficina de Licenciamiento no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo”.

Dijo que son personas que desconocen las diferentes vertientes de la realidad de la población envejeciente. Según el galeno “la población es bien diferente y bien mezclada”. En un mismo centro pueden haber pacientes en cama, en silla de ruedas o con Alzheimer, así como envejecientes con capacidad para realizar actividades recreativas.

Rosich sostuvo que la aplicación del reglamento ha degenerado en favorecer a terceros que carecen del peritaje necesario para atender a la población anciana. Como ejemplo dijo que existe un requisito de educación continua y mientras el recinto de Ciencias Médicas tiene la licencia “detenida” y no puede ofrecer esos cursos, “cualquier tráfala tiene licencia y está dando los cursos sin que esté debidamente entrenado”.

Tanto Romero como Pérez dijeron que existe una “agenda” de establecer “mega hogares” ya que han sabido de la existencia de propuestas de compañías de Estados Unidos para establecer ese tipo de instituciones en la Isla.

Pero a juicio del Rosich, “el país no gana nada eliminando los hogares pequeños”. El galeno indicó que para un envejeciente resulta una transición menos accidentada pasar aun hogar pequeño que ser ubicado en una institución grande donde no se le confiere calor familiar al paciente.

“El problema es que el licenciamiento del Departamento de la Familia nunca ha estado en manos de alguien que sepa qué es lo que necesitan las personas ancianas que están institucionalizadas, y lo que hacen es persiguiendo personas (empresarios) selectivamente”, dijo Rosich.

En opinión del médico geriatra el problema se puede atender promoviendo la clasificación de los centros por tipos de pacientes, pues los requisitos no deben ser iguales para todos los pacientes de edad avanzada ya que tienen circunstancias diferentes.