miércoles, 13 de enero de 2010
Maritza Díaz Alcaide
Primera Hora
Castigo al inocente.
El proyecto de ley que crea un protocolo de “Cero tolerancia a la violencia contra el maestro” recibió ayer críticas y elogios de varios sectores, las críticas porque se pretende castigar a los estudiantes cuyos padres se resistan a tomar un curso de manejo del coraje si han participado de actos de agresión contra maestros y otros funcionarios de los planteles escolares del país.
Líderes magisteriales, el ex candidato a la secretaría de Educación Carlos Andújar y el presidente de la Asociación Nacional de Directores Escolares hicieron un llamado de alerta ante la medida.
Todos sugirieron que se enmiende porque entienden que es necesario que se tome acción para evitar que sigan en aumento los casos de agresión tanto física como verbal contra los educadores.
El proyecto de ley presentado por las senadoras Norma Burgos y Kimmey Raschke obliga a todo padre o tutor que provoque, inicie o cause un acto violento contra un maestro a que tome un curso o tratamiento de manejo del coraje o agresión.
El curso lo debe recibir de parte de un psicólogo clínico licenciado en Puerto Rico.
El estudiante cuyo padre no presente evidencia de que se matriculó en ese tratamiento quedará sujeto a una suspensión de clases por un periodo de entre 10 y 30 días.
“Es absurdo que se penalice a los niños por culpa de la conducta del padre. Eso es horrible. El padre puede ser un atorrante y el niño no”, dijo el ex presidente de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y ex candidato a la secretaría de Educación Carlos Andújar.
Andújar resaltó que el proyecto de ley también falla a la hora de exigir que los cursos sean dictados por psicólogos clínicos licenciados, porque aquí no existe una licencia con esa especialidad. Destacó que otros psicólogos están perfectamente capacitados para lidiar con el tema.
El presidente de la Asociación Nacional de Directores Escolares, Luis Felipe Díaz, mientras tanto, recalcó que es necesario proteger a los maestros contra las agresiones, pero no se puede pretender que un niño inocente pague por una falta que no ha cometido.
Señaló que el Reglamento del Estudiante fija las circunstancias en que un alumno puede ser sancionado con suspensión o expulsión y que el proyecto del Senado contraviene ese documento.
El presidente de la Federación de Maestros, Rafael Feliciano, planteó una pregunta: ¿qué pasaría si el padre agresor tiene cinco hijos los suspenden a todos?”
“La situación se complica. Desde el punto de vista legal, sería inconstitucional privar a un alumno de su derecho a estudiar”, dijo Feliciano.
La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, indicó que el protocolo es idea de ese organismo, pero aceptó que el proyecto debe sufrir modificaciones.
Acerca de la suspensión de los estudiantes, Díaz dijo que hay que buscar un mecanismo para obligar al padre a cumplir con el tratamiento, y que una solución puede ser reducir el tiempo en que el alumno quedaría fuera del aula.
La senadora Raschke dijo ayer que el proyecto sufrirá cambios, pero el articulado de la suspensión se queda.
UN PROBLEMA QUE CRECE
El licenciado Rafael Nadal, del bufete Cancio, Nadal y Díaz, bufete que asesora a la Asociación de Maestros, aseguró ayer que las agresiones a educadores han llegado “a un nivel crítico”. La mayoría de los casos son agresiones verbales “que rayan en el maltrato emocional”, éstos no llegan a los tribunales por la poca probabilidad de que concluyan con una sanción contra el estudiante.
En la mayoría de los casos, los maestros tampoco reciben respaldo de Educación, que lo que les recomienda es que mejoren sus destrezas de comunicación.
Ahora también se está dando la modalidad de que se acusa al maestro de “maltrato institucional”, un delito que desde 2003 se considera grave.
Eso se hace para amedrentar al maestro, amén de que también se les suele trasladar de escuela, no al estudiante agresor.
“Imagínate que eso pasara con los casos de hostigamiento sexual”, dramatizó Nadal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario