Demandan al DE por agresión sexual en escuela

Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
26 de enero de 2010 04:00 am

El Departamento de Educación, la directora y trabajadora social de una escuela en Luquillo, fueron demandadas en el Tribunal Federal por la madre de un menor, estudiante de primer grado, que fue sodomizado por otro alumno de octavo grado.
La madre del niño perjudicado alega que ni la directora del plantel, Sara Robles, ni la trabajadora social, Evelyn Montes, ni el Departamento de Educación investigaron el incidente, ni tomaron las medidas correctivas para asegurarse que no volviera a ocurrir esa situación, por lo que solicita una indemnización de $6 millones.

La demanda, radicada por el licenciado José Olmo indica que los hechos ocurrieron el 23 de enero del 2008. Se detalla que tras un receso, la maestra Pilar Cruz notó que el estudiante de primer grado no había regresado al salón. Por lo que salió a buscarlo y cerca del área del baño escuchó al menor llorando. Desde el pasillo le preguntó qué le pasaba. Una vez el niño salió del lugar, le explicó que otro estudiante de octavo grado lo empujó contra la pared y lo agredió sexualmente. El perjudicado le dijo a la maestra que se había enfrascado en una pelea con el agresor en un intento por resistir el ataque sexual.

El documento indica que la profesora le preguntó en tres ocasiones lo que había pasado, porque no podía creerlo. El niño le repitió lo ocurrido. Acto seguido, Cruz acudió a la oficina de la directora Robles, pero ésta no se encontraba en los predios de la escuela. Luego, visitó a la oficina de la trabajadora social Montes y le explicó lo sucedido.
Se indica que Montes contactó por teléfono a la directora de la escuela para explicarle la situación, y que la directora de la escuela le instruyó arreglar una reunión con los padres del perjudicado para el próximo día. También dio instrucciones para que llevaran al niño de vuelta al salón, “sin demora”.

En ese momento, no se le informó a Cruz las medidas que se iban a tomar en relación a la situación. El perjudicado permaneció en la institución hasta las 3:00 p.m.Esa misma tarde el menor regresó a su casa y se mostró nervioso y tembloroso. Su madre le preguntó qué le pasaba y el menor le relató lo ocurrido.
Se alega que inmediatamente, le verificó su ropa interior y encontró rastros de sangre y excremento, lo que confirmaba lo relatado por el menor.
Acto seguido, la madre del niño lo llevó a la sala de emergencia del Caribbean Medical Center en Fajardo, donde el pediatra constató que el menor fue atacado sexualmente.

Al hospital se personó la agente Giselle Rojas, de la División de Crímenes Sexuales, quien entrevistó al menor y arregló una reunión en la Comandancia de Fajardo para el otro día.
Se alega que esa misma tarde, Robles y Montes visitaron al perjudicado en su casa en donde se les informó que el menor tuvo que recibir asistencia médica. Ambas funcionarias escolares le dijeron a la madre del niño que éste no había llorado en la escuela y que no se veía nervioso ni mostraba ninguna señal diferente a lo normal.
Asimismo, dijeron que habían decidido enviarle una notificación a la madre del menor para discutir el asunto al día siguiente.
“(La madre) estaba horrorizada y perturbada por la total carencia de acción por parte del personal de la escuela”, expresa la demanda.

Agrega que “tras el ataque sexual, el menor ha recibido atención médica y tratamiento psicológico. El menor estaba reacio a regresar a la escuela por miedo y vergüenza de enfrentar a sus compañeros de clase. En particular al agresor. Como resultado del ataque, la madre se vio forzada a cambiar a su hijo a otra escuela porque se negaba ir a la misma. Su personalidad cambió desde el incidente y se comporta agresivo y su habilidad de aprendizaje se ha visto afectada debido a la ansiedad y el estrés relacionado al incidente”.

El recurso legal afirma que el ataque sexual del estudiante fue severo, perverso, dañino e inaceptable. De igual forma, se alega que el Departamento de Educación no hizo nada para investigar la denuncia del demandante, ni tomó medidas correctivas para asegurarse que el menor no volviera a ser hostigado. “El personal de la escuela demostró indiferencia deliberada al fallar en tomar la acción apropiada habiendo sabido que había ocurrido un abuso”, indica la demanda.