Atacan el delito de la era digital

martes, 26 de enero de 2010
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora

Un paquete de medidas legislativas radicadas por la presidenta cameral, Jenniffer González, podrían convertirse en la herramienta que agentes puertorriqueños esperaban para poder procesar a los predadores sexuales en el foro estatal, pero aún está por verse si las autoridades locales contarán con todos los recursos que necesitan para llevar los casos hasta sus últimas consecuencias.

Aunque las disposiciones presentadas por la legisladora pretenden atacar diferentes tipos de delitos cibernéticos, se les dedica atención especial a los crímenes cometidos contra los niños.
Durante los últimos años, el Gobierno federal ha llevado a cabo múltiples operativos contra los ofensores sexuales, particularmente aquellos que intentan utilizar los medios electrónicos para entrampar a los niños, pero muchas de las medidas presentadas por la legisladora intentan facultar a las autoridades locales con los mismos poderes.

El primer caso de pornografía infantil que fue procesado exclusivamente por el Negociado Especial de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, sin la asistencia del Gobierno federal, trató de un hombre que intercambiaba fotos de menores con un grupo de pederastas en España. El sujeto, identificado como Moisés Rivera Sepúlveda, no cumplió ni un día en la cárcel tras imponérsele una probatoria de dos años. Pero el procesamiento del pederasta puso en evidencia varias fallas del sistema de justicia en torno al procesamiento de los ofensores.

Lee el proyecto de ley sobre crímenes cibernéticos
“Con este caso rompimos el hielo. Vimos las fallas y los problemas. Nos enseñó, por ejemplo, que teníamos que desarrollar protocolos, hasta para la destrucción de la evidencia una vez el caso haya sido dilucidado en su totalidad”, sostuvo el especialista en casos de menores desaparecidos y de pornografía infantil del NIE, Ángel Colón.
Desde el caso de Rivera Sepúlveda, las autoridades locales han podido investigar cerca de 40 casos de pornografía infantil, pero la mayoría de éstos han sido referidos al Grupo de Crímenes Cibernéticos de Inmigración y Aduana (ICE).

Pese a que hay fiscales del Departamento de Justicia que cuentan con los adiestramientos para llevar los casos, la agencia carece de una división establecida en propiedad.
Las computadoras que actualmente utiliza la agencia para rastrear a los depredadores no le permiten realizar investigaciones encubiertas. Usualmente, en este tipo de pesquisa, los agentes se hacen pasar por menores que hacen contacto con los pederastas.
La agencia sí tiene unos $100,000 en fondos federales para la compra de nuevo equipo que ampliaría su campo de acción.Auge en delitos

Las autoridades han reportado un auge significativo en la cantidad de delitos cibernéticos durante los últimos años y la mayoría de ellos han sido cometidos contra menores.
Aduana, por ejemplo, ha indicado que cientos de puertorriqueños han sido identificados por poseer material pornográfico infantil. El delito es castigable en la esfera federal con una sentencia de 10 años de prisión. Se cree que la amplia aceptación de la Internet en la Isla ha contribuido a la alta incidencia de los delitos contra menores.
De previas entrevistas con agentes federales se desprende, además, que muchos de los depredadores en Puerto Rico utilizan el celular para contactar a sus víctimas. Se conectan a portales de chateo para contactar al menor, sin saber que sus comunicaciones podrían estar siendo interceptadas por los federales.

Pero las nuevas medidas de González también pretenden desalentar otros tipos de delito que se pueden estar dando con frecuencia en Puerto Rico por el auge de las redes sociales. Aunque muchas de estas páginas desalientan el envío de e-mails no deseados, las disposiciones expresamente prohíben el acecho y la intimidación ciberespacial. La primera se castiga como un delito grave de cuarto grado si, por ejemplo, la persona “lleva a cabo una conducta voluntaria, repetida y maliciosa (que supone) una amenaza creíble con la intención de poner a un tercero en temor razonable de muerte o lesión corporal”.

Por su parte, González indicó que el nuevo código de delitos cibernéticos deroga una ley del 2000 que les proveía protecciones a los menores contra estos delitos. Su oficina acogió recomendaciones de la Oficina de Gobiernos Estatales para la nueva legislación e implantó otras medidas que se han adoptado en países europeos como Alemania, Francia e Italia.

Las medidas de la representante también pretenden establecer políticas claras para prohibir la utilización de computadoras y celulares durante horas escolares para así evitar el uso indebido del medio. “Desde la pornografía infantil hasta el cyberbullying, éstas son tendencias que están llegando a los tribunales. Puerto Rico carecía de una política pública para proteger a los niños y los jóvenes adultos contra los crímenes cibernéticos”, dijo.