Odio sin tapujos contra la comunidad gay

lunes, 8 de junio de 2009
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora

Los ataques por orientación sexual en la política puertorriqueña solían limitarse a las elecciones generales, aunque para muchos que defienden las causas de la comunidad gay las expresiones y posturas homofóbicas de algunos funcionarios del Partido Nuevo Progresista abrieron otro capítulo nefasto para estas minorías.

Mientras la comunidad gay ha logrado avances significativos en su lucha de derechos civiles en el exterior, activistas en Puerto Rico consideran que su oposición conservadora ha ganado aliados poderosos entre las filas azules, que se han caracterizado por ataques que cuestionan la sexualidad de sus contrincantes políticos.

Dura Descarga del presidente del Senado
Algunos activistas de las causas gay opinan que el portaestandarte del movimiento que se ha desatado en contra de la comunidad homosexual es nada menos que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Pese a que el senador cuenta con un amplio historial de expresiones y posturas que han levantado la indignación de la comunidad homosexual, éste negó que el PNP se haya tornado homofóbico.

“Hay personas que acusan a otros de asumir posiciones fundamentalistas... Pero aquí no hay homofobia ni agendas contra la comunidad gay. Hay gente que acusan a otros de cobardes, pero no se atreven a decir su sentir” , dijo el senador a Primera Hora.

Éste se opone a cualquier medida que pretenda permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y a la vez rechaza que su colectividad esté excluyendo a los homosexuales de puestos públicos.
Pero el pasado febrero Rivera Schatz encabezó el movimiento que torpedeó la nominación de Johanne Vélez como procuradora de las Mujeres por su defensa de las uniones de hecho y el derecho que cobija a la mujer al aborto.

“No tengo miedo de los ataques. Yo digo lo que pienso y la gente sabe dónde estoy (parado). Estoy en contra de los matrimonios gays y lo voy a decir forever. Aquí no habrá un proyecto de matrimonio gay mientras yo sea un legislador de mayoría y presidente del Senado”, sentenció.en la Cámara hay otras posiciones

Ante las críticas que han generado las posturas de otros legisladores en torno a la comunidad homosexual, un proyecto de ley radicado por los representantes Liza Fernández y Héctor Ferrer persigue prohibir el discrimen por orientación sexual, tanto en el Gobierno como en la industria privada. La medida ya cuenta con el respaldo de la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, pero se anticipa un intenso debate por una enmienda que prohibiría el discrimen contra los transexuales u otros cuya identidad de género rompa con los “roles normativos” de la sociedad puertorriqueña.

Ante los foros judiciales el terreno ha resultado escarpado para la comunidad transgénero, ya que el Tribunal Supremo dictaminó que éstos no pueden cambiar su sexo en el certificado de nacimiento, aunque sí su nombre. La aprobación de la enmienda sería una victoria para este grupo.

González subrayó que el proyecto cumple con un punto importante del programa de gobierno del PNP, que prohíbe el discrimen por orientación sexual. “Más allá de una preferencia sexual, hay que tratar el tema bajo el marco de los derechos civiles. La Constitución de Puerto Rico habla claro sobre el discrimen. La plataforma del PNP habla claro sobre este asunto y que hay que garantizar unos accesos”, sostuvo González, quien aseguró que la homosexualidad continúa siendo un “tabú” en nuestra sociedad.

“No soy quién para decirle a la gente cómo deben vivir sus vidas, y el Estado debe estar menos inmerso en la vida familiar de la gente. Debe fomentar unas garantías básicas que salvaguarden los derechos fundamentales”, dijo la presidenta cameral, que aunque ha contado con el respaldo de la comunidad gay, igual se opone al matrimonio entre parejas del mismo sexo.¿Y qué pasó con las uniones de hecho?

Uno de los puntos más contenciosos de la revisión al Código Civil, que comenzó hace más de 10 años, está relacionado con las uniones de hecho, que podrían definirse una vez se considere por los cuerpos legislativos como un “pacto civil de solidaridad”, término respaldado por varias figuras religiosas, incluyendo el arzobispo Roberto González Nieves.

Los gays, a través de este acuerdo contractual, consumarían su unión, pero una de las copresidentas de la revisión, la representante Fernández, pidió que tanto conservadores como liberales hagan concesiones para llegar a un acuerdo.

“Si se baja (a votación) como unión de hecho no se va a aprobar, pero para no dejar desprovistos de derechos, tanto a los homosexuales como a los heterosexuales que conviven bajo el mismo techo, estamos evaluando eso como una alternativa. No se puede llegar a extremos”, dijo.