lunes, 15 de junio de 2009

Status: gota sobre la piedra

Por Mario Santana Ortiz
EL VOCERO
15 de junio de 2009 04:00 am

El caso de Puerto Rico vuelve a discutirse hoy en el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Algunos de los que tenían previsto deponer hoy ante el organismo, anticiparon ayer que esperan que este año la discusión sobre la verdadera naturaleza de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos provoque que la Asamblea General de la ONU finalmente examine el asunto.
Aunque desde la década del 70, el tema de Puerto Rico se discute todos los años en el Comité de Descolonización, nunca ha sido objeto de discusión en el pleno de la Asamblea General, desde que en 1953 ese cuerpo aprobó la resolución 748-VIII, que dispuso que, con la creación del Estado Libre Asociado, Puerto Rico había alcanzado un gobierno propio.

La resolución 748-VIII eximió a los Estados Unidos de tener que rendir informes sobre Puerto Rico, como obligaba el Capítulo XI de la Carta fundacional de la ONU a aquellas potencias coloniales que no habían puesto en fideicomiso al territorio extranjero sujeto a su control político.
El derecho internacional contra el colonialismo desarrollado por la ONU

En 1960, cuando numerosos países en Africa y Asia conquistaban la independencia o luchaban contra sus regímenes coloniales, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 1514-XV, que condenó el colonialismo en términos más contundentes que el Capítulo XI de la Carta de la ONU.

La resolución 1514-XV declaró al colonialismo “una denegación de los derechos humanos fundamentales” y afirmó que “todos los pueblos tienen derecho de libre determinación”, entendiéndose ésta como el derecho a decidir por sí mismos “su condición política” y “su desarrollo económico, social y cultural”.

La resolución reclamó el cese de “toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra” el “derecho a la independencia completa” y ordenó “tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus derechos libremente expresados”, para “permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas”.

Ese año de 1960, la Asamblea General también aprobó la resolución 1541-XV, que estableció los principios a tomarse en cuenta para decidir si un Estado está o no obligado a rendir los informes que exige el Capítulo XI de la Carta de la ONU a las potenciales coloniales.

Entre esos principios, figura: la separación geográfica entre la potencia colonial y el territorio sujeto a su control político, las diferencias étnicas o culturales entre la potencia y el territorio y el grado de subordinación del territorio a la potencia colonial.

El principio VI de la resolución, dispone que un territorio ha alcanzado “la plenitud del gobierno propio” si: “pasa a ser un Estado independiente y soberano”, “establece una libre asociación con un Estado independiente”, o “se integra a un Estado independiente”.

El principio VII establece que en la libre asociación “se debe respetar la individualidad y las características culturales del territorio” que se asocia al Estado independiente y que se debe reservar al pueblo de ese territorio “la libertad de modificar” esa relación política.

También dispone que el pueblo del territorio que se asocia al Estado independiente “debe tener derecho a determinar su constitución interna sin ninguna ingerencia exterior”.

El principio VIII establece que la integración política “debe fundarse en el principio de completa igualdad entre los pueblos” del territorio que se integra y del Estado independiente al cual se integra el territorio.

De esa forma, tanto el pueblo del territorio que se integra como el del Estado independiente “deben tener, sin distinción ni discriminación alguna, la misma condición y los mismos derechos de ciudadanía, así como las mismas garantías en lo que se refiere a sus derechos y libertades fundamentales”.

El principio IX establece que la integración política debe ser precedida de un “estado avanzado de autonomía”.

El independentismo le apuesta a la solidaridad latinoamericana
Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, dijo que hoy insistirán ante el Comité de Descolonización en lo que ha sido la postura histórica de la institución: que el caso de Puerto Rico debe ser objeto de revisión por parte de la Asamblea General de la ONU.
También insistirán en que al caso de Puerto Rico es de aplicación tanto la resolución 1514-XV como la 1541-XV; en particular la disposición que ordena transferir los poderes soberanos al territorio colonial previo a que el pueblo de ese territorio tome una decisión sobre su status político. Además, Hernández dijo que insistirán que el mecanismo para solucionar el problema de status debe ser la asamblea constitucional de status.

Hernández dijo que tienen esperanza de que la elección del presidente Barack Obama permita un cambio en la postura histórica de los Estados Unidos de no reconocer la aplicabilidad de las resoluciones 1514 y 1541 al caso de Puerto Rico.

Por su parte, Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, dijo que en su ponencia resaltará la urgencia de que la comunidad internacional intervenga en el caso de Puerto Rico para así lograr que el asunto sea discutido como un punto separado en la agenda de la Asamblea General.

Pesquera anticipó que también reclamará la libertad de los presos políticos puertorriqueños, los daños que causaron las prácticas de la Marina de Guerra estadounidense en la salud y al ambiente de Vieques y “el engaño” de proyectos como el presentado por el comisionado residente Pedro Pierluisi en el Congreso. Para Pesquera, solamente a través de una asamblea constitucional de status puede lograrse un verdadero proceso de libre determinación en Puerto Rico.

Además, destacó que el apoyo de países de América Latina y el Caribe puede lograr que este año el caso de Puerto Rico sea atendido por la Asamblea General. Recordó que Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela, así como varios países del Caribe, son miembros permanentes del Comité de Descolonización.

Precisamente, el tema central de la ponencia que presentaría hoy el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es que el apoyo de países de América Latina y el Caribe podría lograr que finalmente el caso de Puerto Rico se discuta en la Asamblea General de la ONU.
Aunque ningún dirigente del PIP contestó la petición de entrevista de este diario, la colectividad envió la ponencia que hoy leería ante el Comité de Descolonización su presidente ejecutivo, Fernando Martín.

“Un esfuerzo concertado y unido de los países de América Latina y el Caribe convertirán en imparable una iniciativa coordinada de dicho bloque de naciones conducente a que la Asamblea General examine el caso colonial de Puerto Rico y se exprese sobre el mismo”, señala Martín en la ponencia.

“Ello generaría una poderosa y eficaz presión moral y jurídica sobre los Estados Unidos para que el congreso y el gobierno de ese país no pudieran continuar utilizando pretextos y excusas para permanecer en flagrante incumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras bajo el derecho internacional”, añade la ponencia.

PPD y PNP
El Partido Popular Democrático (PPD) no contestó ayer la petición de entrevista a su presidente, Héctor Ferrer, hecha por este diario. Angel Matos, portavoz de prensa del PPD, confirmó que Ferrer depondría hoy ante el Comité de Descolonización.

Hace 56 años, el gobierno de Luis Muñoz Marín, fundador del PPD, respaldó la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para que se les eximiera de las responsabilidades de potencia colonial, solicitud que dio paso a la aprobación de la resolución 748-VIII en la Asamblea General.
Pero a lo largo de esos 56 años, el grado de insatisfacción dentro del propio PPD con la relación política con Estados Unidos lo que ha hecho es crecer, al punto de que hoy un sector importante de ese partido reclama una nueva relación basada en el principio internacional de libre asociación.

El actual partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP), no llevará ninguna representación a la sesión de hoy del Comité de Descolonización, aseguró Wilmeris Márquez, portavoz de prensa de la colectividad.

El secretario de prensa del gobernador Luis Fortuño, Edward Zayas, había referido a Márquez la respuesta a la posible participación del gobierno de Puerto Rico o del PNP. Aunque el PNP califica de colonial al Estado Libre Asociado, históricamente considera que el asunto es uno interno de Estados Unidos, con lo que rechazan la aplicación de las resoluciones 1514 y 1541.

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