lunes, 15 de junio de 2009
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora
El alza en la contribución de la propiedad inmueble que entrará en vigor a partir del próximo septiembre podría encarecer la construcción, erosionar la rentabilidad del alquiler de viviendas y devaluar el precio de las unidades residenciales.
Jubilados, por ejemplo, que esperan vivir de una renta sentirán el cantazo del aumento, al igual que propietarios de unidades de alquiler cuyas finanzas se tambalean ante un mercado de bienes raíces que se ha caracterizado en los últimos años por su inestabilidad.
“El aumento es catastrófico. Esto es un efecto en cadena que tiene muchas repercusiones. Solamente en los primeros cuatro meses del 2009 los bancos ejecutaron 600 propiedades, pero hay otras 11,000 que están en sus oficinas de pérdida y mitigación donde se intenta buscar la forma de no ejecutar la propiedad”, sostuvo el vicepresidente de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Milton Serrano, Jr.
Serrano considera que el alza también podría reducir significativamente el inventario de viviendas disponibles del programa de subsidio federal Sección 8, ya que éstas podrían tornarse menos rentables para sus dueños. Solamente el año pasado hubo cerca de 5,000 ciudadanos que no pudieron utilizar sus vales de vivienda ante la escasez de unidades adscritas al programa.
El impuesto representa, prácticamente, un alza de 100 por ciento. “Ahora mismo vamos a tener cerca de 30,000 desempleados por las cesantías en el Gobierno, pero muchos que vayan a buscar unidades de Sección 8 no las van a encontrar”, indicó Serrano.
Se cree, además, que el margen prestatario de los bancos también podría reducirse como consecuencia del aumento. Un comprador tendrá que tomar en consideración el alza y muy bien podría girar su monto en contra del valor de la propiedad al determinar la cantidad que estaría dispuesto a pagar por la misma.
“El margen prestatario del comprador disminuye porque ésta es otra variable que hay que tomar en consideración. Se tiene que sumar a lo que la persona ya paga en hipoteca y mantenimiento”, dijo Serrano.
El aumento también podría reducir los ingresos que reciben tanto el Gobierno como el vendedor de una propiedad por las ganancias netas que se generan a través de la transacción. El Gobierno recibe el 20 por ciento de toda ganancia de una propiedad si ésta no se utiliza para la compra de una vivienda principal a un año de la transacción.
Varias reuniones privadas se realizaron entre funcionarios estatales y representantes de la industria privada para intentar reducir la carga contributiva que se aplicará a las propiedades residenciales, pero asesores de la Legislatura y La Fortaleza aseguraron que la carga no se podrá bajar por ser un proyecto de “administración”.
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