29 de mayo de 2009 04:00 am
Un merecido respiro recibieron varios ancianos a quienes se les había cancelado la cubierta médica de la Reforma de Salud del gobierno, situación que puso en riesgo su salud y bienestar.El desenlace se produjo luego que los afectados acudieran al tribunal a exigir que se les restableciera la cubierta, cancelada por el Departamento de Salud, que alegó que estas personas son dueños de propiedades que representan un activo valioso.Apoyados por la Oficina del Procurador de los Pacientes, los afectados acudieron al tribunal a denunciar la acción abusiva de parte del Estado.
Allí, y tras plantear su situación, las partes aceptaron una estipulación mediante la cual se extiende la cubierta a los demandantes hasta el 31 de diciembre de 2009.Durante los próximos meses, y aquí viene la otra parte importante, el Departamento de Salud deberá revisar el manual que establece los criterios de elegibilidad a la Reforma, y que ha sido calificado de “irrazonable, arbitrario y discriminatorio contra la gente de edad avanzada en la zona rural”.
No se puede permitir que la burocracia y sus reglamentos inflexibles atenten contra la salud de personas que no tienen los recursos para costear un plan médico privado. La cancelación de una cubierta médica a una persona con un ingreso mínimo, por el mero hecho de residir en un predio de terreno, no se justifica de forma alguna. Lamentablemente, son muchas las personas que atraviesan por situaciones similares.Es indispensable que el Departamento de Salud cumpla con su responsabilidad y trabaje para que nadie se convierta en una víctima más de un sistema que en ocasiones parece no dar prioridad al bienestar de los ciudadanos.
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