Más controversia por proyecto

Por Maricelis Rivera Santos
EL VOCERO
21 de mayo de 2009 04:00 am

Las comunidades que objetaron la Ruta 66 y la PR-834 en Guaynabo, hubieran tenido que desembolsar $350 millones y $2.3 millones, respectivamente, para simplemente oponerse a esas obras gubernamentales, de haber estado en vigor el proyecto de agilización de permisos de la actual administración.Ese fue el sentir ayer de varios líderes comunitarios, ambientales, religiosos, abogados, arqueólogos y del presidente de Puertorriqueños por Puerto Rico, Rogelio Figueroa, con respecto a uno de los elementos del proyecto de ley que impondría una fianza del 10 por ciento del valor de una obra a toda persona que la quiera objetar.

“Con la carretera 834 en Guaynabo, nosotros hubiéramos tenido que pagar el 10 por ciento del costo de $23 millones, la cantidad era de $2.3 millones”, expresó Myrna Conty, portavoz de Amigos del Río Guaynabo.La líder comunitaria expresó que uno de los problemas del proyecto parte de la premisa errónea de que Puerto Rico tiene un grave problema con los permisos fundamentado en el reporte del Global Index Ranking (2008-2009) porque supuestamente el país aparece en el puesto número 131 del total de 134.Conty planteó que eso es falso porque al buscar el reporte, realmente dice que Puerto Rico ubica en el puesto número 41.

Gustavo García, de la organización Arboretum, recalcó que tampoco es cierto lo que plantea el proyecto de hay 900 permisos estancados que tendrían un impacto a la economía de $12 mil millones.“Eso es falso porque muchos de esos proyectos no cumplen con las leyes vigentes”, detalló García e insistió en que lo que se pretende es aprobar proyectos que violen leyes ambientales.Pedro Saadé Lloréns, director de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, expresó que mientras el resto de la humanidad impulsa medidas para salvaguardar el medio ambiente y la salud, aquí se pretende ir para atrás.“Reconocemos que hay que mejorar, agilizar y modernizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en Puerto Rico, pero esto no puede hacerse a costas de los derechos adquiridos y sin seguir una planificación integral e inteligente”, planteó Saadé Lloréns y aseveró que a la larga se afectará el atractivo económico y competitivo de Puerto Rico.

Dijo que el proyecto propone que las personas no puedan objetar un permiso en el Tribunal de Apelaciones, sino mediante el “certiorari” ante el Tribunal Supremo, un recurso legal caro y que queda a la discreción de que los jueces lo decidan evaluar.“Vamos a hablar claro, lo que se pretende es eliminar a los tribunales del proceso porque en los pasados años las comunidades han logrado demostrar que ciertos permisos han sido ilegales”, recalcó Saadé Lloréns.El abogado indicó que se pretende trastocar derechos constitucionales de protección del medio ambienta y resarcimiento de agravios bajo una premisa muy dudosa de que la crisis económica se debe a problemas con los permisos.

Según el profesor universitario, el proyecto pretende que todas las decisiones sean a favor del derecho propietario en lugar del interés de público y de la protección de los recursos como establece la Constitución.Dijo que hace años fue resuelta esa controversia legal de que los propietarios no pueden minar los derechos del Estado de velar por sus recursos. A la pregunta de que si se convierte el proyecto en ley, los tribunales pudieran declararla inconstitucional, Saadé Lloréns aseveró que ese proceso es muy ambiguo y complicado.El secretario del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, el reverendo Angel Luis Rivera Agosto, hizo un llamado al gobernador Luis Fortuño a entablar un diálogo con otros sectores que no sean los privilegiados.

“No podemos continuar con esta manera violenta de legislar… Eso no fue lo que prometió este Gobierno”, apuntó el religioso. Dijo que el conjunto de proyectos como el de los permisos, las Alianzas Público Privadas y la Ley 7 con sus 30 mil despidos, constituyen violencia institucional.“La violencia institucional puede generar violencia social”, aconsejó el reverendo. Ignacio Girardo, de Protejamos Playa Sardinera, puntualizó que los permisos que se deben agilizar son aquellos relativos a los pequeños negocios que son los que producen riqueza y empleo que se queda en Puerto Rico.Mencionó que la parte del proyecto que autorizaría a la nueva Oficina de Gerencia de Permisos a recibir regalías, “sería un superchorro de corrupción”.

El arqueólogo Jorge Rodríguez López criticó que el proyecto pretenda eliminar el Consejo de Arqueología Subacuática y el de Arqueología Terrestre con lo cual se eliminaría la fiscalización mediante la cual se vela por la preservación de los recursos históricos y arqueológicos.La estudiante de derecho Maricarmen Cruz aseveró que el alcalde Abraham Peña, se opone porque la Autoridad para la Conservación y Desarrollo de Culebra-que él dirige-perdería todas sus facultades.