viernes, 15 de mayo de 2009

Guisos legales con fondos públicos

viernes, 15 de mayo de 2009
Nydia Bauzá
Primera Hora

El bufete Aldarondo & López Bras se ha alzado con casi un centenar de contratos con fondos públicos que le han significado unos $6 millones en menos de cinco años. Estos contratos de asesoría legal son con municipios controlados por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la Legislatura y con agencias de la administración del gobernador Luis Fortuño.

La cifra debe ser mayor porque muchos de los contratos de este año tienen vigencia hasta el 30 de junio, cuando termina el presente año fiscal, y los de mitad del año no están registrados todavía porque no han sido otorgados aún.

Según el Registro de Contratos del Contralor, el cliente más destacado del bufete -que tiene oficinas en Guaynabo- es el Municipio de San Juan, que le ha otorgado 18 contratos por $2.7 millones.

En lo que va de este año, uno de los contratos más jugosos que se ha agenciado la firma de abogados es con el Departamento de Justicia. El contrato es por la suma de $250,000 con vigencia de apenas seis meses: 16 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009.

Pero, Justicia se propone otorgarle otro contrato por la misma suma para el nuevo año fiscal. Precisamente, el secretario Antonio Sagardía perdió la tabla el miércoles cuando el representante popular Luis Vega Ramos lo cuestionaba al respecto en las vistas de presupuesto en la Legislatura.

Primera Hora obtuvo el desglose de la página cibernética de la Oficina del Contralor, donde se establece que el bufete Aldarondo & López Bras se ha agenciado 93 contratos con fondos públicos en el periodo de 2004 a 2009.

En Ponce, la firma de abogados se estrenó con la nueva alcaldesa María “Mayita” Meléndez, quien le otorgó un contrato de servicios legales por $24,000 por sólo tres meses.
Según el registro de contratos, en la Cámara de Representantes el bufete tiene 10 contratos con un monto total de $447 mil.

Este año, la Cámara le otorgó un contrato de servicios legales por $33,000, pero aparece otro con número de este año por $62,000 con vigencia de 2008.

El Senado también le otorgó otro contrato este año por $52,000 pese al compromiso que hizo el presidente del cuerpo de que no habría contrataciones simultáneas en las dos cámaras legislativas.

Otro contrato cuantioso que le fue otorgado este año al bufete fue el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por $250,000.

Además de San Juan, la firma de abogados mantiene contratos con los municipios de Guaynabo, Toa Baja, Orocovis, Moca, Ponce, Salinas y el Consorcio Norte Central de Arecibo.
En el periodo examinado de cinco años, el bufete ha tenido 23 contratos con Orocovis, 15 con Guaynabo y 9 con Toa Baja.

“Trajimos el asunto del contrato en la vista de presupuesto porque nos parece un enorme contrasentido que mientras el secretario de Justicia dice que está bajando los costos por servicios profesionales para obtener más fondos para los abogados internos de Litigios Generales, se le den a este bufete dos contratos por el próximo año y medio que totalizan medio millón de dólares”, dijo el representante Vega Ramos.

El legislador indicó que sus preguntas eran legítimas, sobre todo en momentos en que son inminentes los despidos de empleados públicos.

“Es legítimo preguntar, agencia por agencia y secretario por secretario, y que digan por qué están incurriendo en contratos de servicios profesionales de miles de dólares”, sostuvo.

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