A calcular el número de despidos

Por Jorge Luis Burgos
EL VOCERO
15 de mayo de 2009 04:00 am

Dos mil cuatrocientos ochenta empleados públicos se acogieron al Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas y cerca de una veintena al de Reducción de Jornada, según se desprenda del informe final de la implantación de la primera fase de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, que ofreció ayer la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Brás, a la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), según confirmó el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Miguel Romero.

El Secretario del DTRH indicó que “como se sabe el presupuesto que sometió el Gobernador es mucho menor, por lo que las reducciones no se evaluarán únicamente en el área de nómina, sino, que están en partidas de servicios comprados, bajas en la contratación de servicios profesionales, arrendamientos y gastos operacionales. Esos números tienen que girarse contra la meta impuesta de ahorrar $2,000 millones. Por esta razón, ahora no habrá un número exacto de cuántos son los empleados a cesantear hasta la semana próxima”.Romero dijo que hasta que la OGP no termine el cálculo de qué impacto tendrán los números de la primera fase en los ahorros proyectados no se confirmará cuántos puestos podrían ser eliminados.

Sí recordó que el próximo paso será la segunda fase que impone la no renovación de los contratos de los empleados transitorios, cuyo término concluirá el 30 de junio.El Secretario descartó que en los números ofrecidos por OGP estén incluidos los empleados que durante este año se acogerán al retiro de sus trabajos.

“El número de 480 es estrictamente el de renuncias voluntarias, porque el de los empleados que se acogerán al retiro no lo tenemos porque aún está en las agencias que por Ley de Retiro lo informa 90 días antes cuando se inicia ese proceso formalmente.Obviamente, eso da un término mayor para que las agencias conozcan qué personas se acogerán a ese beneficio más allá de las renuncias voluntarias. Ese número no se está calculando para cuantificar los ahorros en nómina porque su efectividad se reflejará para el próximo año fiscal”, recalcó.Romero indicó que tras el informe de OGP se entrará en el proceso donde la JREF evaluará qué alcance si alguno tienen esos datos, y la aplicación de las cesantías que comenzarán con la terminación de los contratos de los empleados transitorios, y todas los recursos que fueron reclutados de forma más reciente.

“En términos de qué cantidad de empleados serán los que se cesantearán, dependerá del cálculo que se haga del ahorro que se logre de las renuncias voluntarias que se tiene que sumar el de otras partidas del presupuesto que estén incluidos para el próximo año fiscal”, sostuvo.Romero recordó que el 30 de junio es la fecha en que se darán por terminados los contratos de los empleados transitorios, y el ahorro que esto genere también tendrá que sumarse a los ahorros.

Luego, el 3 de julio comenzarán las cesantías de los empleados regulares que iniciarán únicamente con los puestos de nombramientos más recientes.En cuanto a las opiniones vertidas en este diario por los economistas José Villamil, José Alameda y Sergio Marxuach, en las que sostienen que no es necesario el despido de empleados públicos si el gobierno aplica únicamente el plan de reducción de jornada de cuatro días, el Secretario indicó que “a este momento no hemos recibido como tal las propuestas de ellos, para entonces entrar en ese análisis del efecto macro económico de una reducción de jornada de todos los empleados públicos. Ciertamente, lograr una reducción de 2,000 millones dentro de una reducción de jornada conlleva que se aplique a más de un día, lo que tendría un efecto mucho más dramático.

La realidad es que esa propuesta tocaría a toda una universalidad de empleados. Obviamente, no estamos cerrados a evaluar alternativas que se puedan implementar para lograr una reducción de nómina”.Romero dijo que como alternativas adicionales de ahorros, ya se sometió un proyecto de ley que busca una reorganización de la Rama Ejecutiva que tiene como propósito hacerla una menos costosa, efectiva y responsiva.En cuanto al disparo en las cifras del desempleo que los economistas anticipan alcance a un 16.7 por ciento, el más alto en décadas, el Secretario indicó que “ciertamente un diagramado en el alza de esas cifras no lo tenemos porque eso no se establece de esa forma.Eso responde a las encuestas mensuales que realiza el Departamento de Estadísticas del Negociado del Departamento del Trabajo que son las del empleo asalariado no agrícola y de hogares.

Esos son los mecanismos que se utilizan como indicadores del mercado laboral en Puerto Rico. Obviamente, el Gobierno toma los pasos adecuados para prepararnos en caso de que tengamos que brindar los servicios de respuesta rápida a las personas que se vean desplazadas por cualquier plan de reducción de personal, ya sea privado o público”.El Secretario sostuvo que el sector más afectado con la crisis económica es el privado que experimentó una reducción de 75 mil puestos de trabajo en los pasados dos años.Finalmente, Romero recalcó que “en la eventualidad en que en el gobierno haya que implementar unas cesantías, vamos a brindar todos los servicios, ya sean los de puestos transitorios como los de cesantías”.