Exponen garantías de participación

Por Maricelis Rivera Santos
EL VOCERO
26 de mayo de 2009 04:00 am

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José R. Pérez Riera, y el presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Vargas, rechazaron que el proyecto de agilización de permisos sea inconstitucional y aseguraron que se proveen mayores garantías para la participación de las personas en los procesos.Morales Vargas declaró que las personas ahora tienen que recurrir al Tribunal de Apelaciones a pedir que se revoque una decisión de una agencia e invertir en abogados, pero que bajo el nuevo esquema podrán ir a la Junta Apelativa adscrita a la nueva Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) donde se celebrará una vista.

Recalcó que en casi la totalidad de los casos en el Tribunal de Apelaciones no se efectúan vistas.“Yo creo que están fuera de la realidad del contexto de la ley. Aquí estamos ampliando capacidades para tener mayor participación y mayor cantidad de personas con un proceso justo y razonable de apelar los procesos de permisos”, señaló Morales Vargas.“En la Junta Apelativa no tendrás que llevar abogados”, explicó en entrevista por separado, Pérez Riera.Según el Secretario del DDEC, la administración se mantiene en constante comunicación con los líderes legislativos y quieren que se escuche la voz de todos los grupos y se trata de entender todos los puntos neurálgicos.

No obstante, entiende que pese a las críticas de los pasados días, se trata de un proyecto de ley que permitirá que se evalúen los permisos de una manera más eficiente y rápida para que todo el mundo se sienta más tranquilo.Dijo que los vecinos afectados podrán acudir a la Junta Apelativa para cuestionar un permiso. Pero, si se trata de un ciudadano no necesariamente afectado directamente podrán elevar el caso ante la figura del Inspector General de Permisos.Pérez Riera sostuvo que en las vistas ha trascendido que hay gente con la información incorrecta.Aseveró que no es cierto que para impugnar una decisión las personas tengan que pagar una fianza, sino para paralizar un proyecto una vez otorgado el permiso cuando acudan al Tribunal Supremo con un recurso discrecional de certiorari.

El artículo 13.3 del proyecto de ley establece que el recurrente la persona que pida la paralización “prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte recurrida de concederse dicha solicitud”.No se establece cómo se determinará esa cuantía.El Secretario del DDEC señaló que esa medida es necesaria porque si la persona no logra los remedios con el Inspector General de Permisos y en la Junta Apelativa, “tú no debes seguir apelando porque estás poniendo en riesgo a la persona que se sometió al proceso y se defendió… Tiene que haber certeza en el proceso”.Dijo que lo contrario es poner en riesgo la inversión y tiene que haber un punto final en el proceso.

Morales Vargas, sin embargo, mencionó que entiende el planteamiento y que vislumbra que se pueda establecer algún tipo de mecanismo como el de la Oficina con Antelación al Juicio en el que el propio Gobierno preste la fianza en caso en que se demuestre que quien pretenda paralizar la obra tras no conseguir remedios en los deseas foros, no tenga los recursos económicos para hacerlo.A la pregunta de por qué se quita del proceso la posibilidad de acudir al Tribunal de Apelaciones, Morales Vargas respondió que “ir al Apelativo y luego continuar al Supremo es la historia de nunca acabar”.

El Presidente de la JP sostuvo que hay jueces en el Tribunal de Apelaciones que no tienen el peritaje para tratar este tipo de temas, contrario a lo que ocurrirá en la Junta Apelativa de la OGPE donde se nombrarán ingenieros, arquitectos y planificadores.“Yo entiendo que hay que guardar el balance de defender los recursos naturales, pero se están cortando los procesos innecesarios”, recalcó Morales Vargas.El funcionario negó que el proyecto de ley pretenda intervenir en los poderes de los municipios autónomos, pero defendió que se centralicen en la OGPE facultades que tiene en la actualidad la Autoridad de Desarrollo y Conservación de Culebra.“Yo reconozco que Culebra es una joya y queremos que siga siendo una joya, para mí eso está bien claro, pero tienen que haber unas facilidades y una infraestructura necesaria para los culebrenses, aquí queremos uniformar el sistema”, explicó Morales Vargas.

Insistió en que si no se cambian la manera de hacer permisos no se pueden hacer viables los proyectos ecoturísticos que propone el sector ambiental.En tanto, el Secretario del DDEC destacó que la polémica figura propuesta de los profesionales autorizados sólo atenderán proyectos ministeriales y no los discrecionales que tienen que ver con los de impacto ambiental adverso o de cambios en la zonificación del suelo.

Pérez Riera declaró que esas personas se jugarán sus licencias porque contrario a lo que sucede ahora, la Oficina del Inspector General fiscalizará el 50 por ciento de los casos que aprueben durante los primeros tres años.Mencionó que el estimado de $12 mil millones que no han entrado en la economía por causa de 3,900 permisos sin resolver ante la JP y ARPE son conservadores.Dijo que ese estimado de $12 mil millones contempla que una cantidad de ese número de permisos no podrían aprobarse por incumplir con leyes y reglamentación.Pérez Riera sostuvo que múltiples indicadores insisten en que Puerto Rico viene perdiendo competitividad por el problema de su proceso de permisos.