En "alerta naranja" contra despidos

sábado, 4 de abril de 2009
Maritza Díaz Alcaide
Primera Hora

Le prometen a Luis Fortuño la movilización más grande del movimiento obrero que se haya visto en Isla, si éste no desiste del despido masivo de empleados públicos.
Representantes del sector sindical, reunidos ayer frente a Fortaleza, no descartaron ningún método de lucha para evitar que se den estas cesantías, incluyendo el paro general.

“Aquí no se trata de la venta de una corporación pública, como sucedió con la Telefónica, sino de ir privatizando casi todo el Gobierno”, dijo el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, José Rodríguez Báez, al participar de una actividad que convocóServidores Públicos Unidos (SPU)para entregarle al Gobernador una carta en la que se le exige que derogue el artículo 3 de la Ley número 7 que viabiliza los despidos.

“Si no para esas cesantías, va a ver en la calle al pueblo de Puerto Rico manifestándose de distintas maneras”, afirmó el líder de la Federación.
Annette González, presidenta de la SPU, dijo que másde 10 mil trabajadores firmaron la misiva porque “consideran que los despidos anunciados no son el cambio que Fortuño les prometió en la campaña política”.

“Las medidas anunciadas son un ataque al sustento de nuestras familias, a nuestros derechos como empleados y al servicio público”, se lee en el documento.
En la carta también se le recuerda al mandatario la propuesta de las uniones de colaborar con Hacienda en el cobro de $3,400 millones en deudas morosas y en retenciones no remitidas por los patronos.

Con ese dinero, explicó el director ejecutivo de la SPU, Benjamín Borges, podrían evitarse todos los despidos, pero el secretario de Hacienda no ha querido aceptar la oferta.

ANTIGÜEDAD ERRÓNEA
La presidenta de la SPU informó, de otra parte, que esta semana comenzaron a llegarles a los trabajadores sus certificaciones de antigüedad en el empleo, muchas de ellas con información errónea.
Ese documento es crucial porque las cesantías van a comenzar por los empleados que menos tiempo lleven en el Gobierno.

Según se explicó, el error más común que se está viendo es que la antigüedad se está contando a partir de la plaza actual, no la del inicio de las labores en el sector público, como lo exige la Ley 7 del 9 de marzo de 2009.
“Éste va a ser el cuento de nunca acabar. Estos casos se van a disputar en los tribunales y los únicos que se van a beneficiar son los grandes bufetes de abogados”, dijo el líder de la United Auto Workers, Fernando Juarbe.

En cuanto a los preparativos que ya realizan agencias de gobierno, como el Departamento de Justicia, para enfrentar las protestas, el liderato obrero convino en que la intención es intimidar a los trabajadores tratándolos como delincuentes.
La SPU, finalmente, no entregó las 10,000 firmas porque ningún ayudante del Gobernador fue a recibirlas.
La persona que fue a recogerlas fue un empleado del correo interno de Palacio.