jueves, 2 de abril de 2009

El IVU no es problema, hay que fiscalizarlo

jueves, 2 de abril de 2009
Antonio R. Gómez
Primera Hora

El impuesto sobre ventas y uso (IVU) debe ser pieza central de cualquier reforma contributiva que se implante en el país, que debe basarse en un sistema que grave menos el ingreso y el ahorro.

La conclusión la adelantó la Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados en un estudio que hizo público ayer su presidente, Rolando López.

El trabajo concluye que el IVU está cumpliendo su objetivo, a pesar de las deficiencias en su fiscalización y los problemas de captación.

Los datos evaluados para este estudio indican que los recaudos del IVU estatal se han mantenido estables en cerca de $95 millones al mes y un recaudo anual por punto de $206 millones.
Los recaudos, se determinó además, exhiben una fuerte concentración geográfica. El 70 por ciento de lo que genera el IVU se recauda en 10 municipios y los cinco grandes recaudan más del 50 por ciento del total.

El principal problema de este impuesto, se señala, es el factor de captación que es bastante menor que el 60 al 65 por ciento que se menciona generalmente. “Para los 19 meses de diciembre de 2006 a junio de 2008, el factor calculado de captación fue de 52 por ciento”, señaló el presidente de la Fundación citando el estudio.

Explicó que en algunos meses, como el pasado octubre, el nivel de captación fue de 47.2 por ciento. En diciembre, mientras tanto, el nivel de captación del IVU se estimó en 58.7 por ciento.
Una proyección del impacto que tendría aumentar la captación de dicho impuesto indica que elevarla al 60 por ciento produciría ingresos adicionales de $169 millones.

Una captación del 65 por ciento representaría recaudos adicionales por $278 millones, y con un 70 por ciento el ingreso adicional sería de $386 millones.

El trabajo concluye además que no hay evidencia de que la implantación del IVU contribuyera a agudizar la recesión económica como también se alega.

Otra área evaluada fue la de los incentivos y se concluyó que hay más de 100 incentivos especiales en el Código de Rentas Internas para no menos de 38 categorías. Esa cifra, explicó López, no incluye la Ley de Incentivos Industriales ni la Ley de Incentivos Turísticos.
Concluye el estudio que “no parece haber un plan integrado de incentivos ni existen estudios ni documentación sobre cómo se evalúa la efectividad de estos incentivos”.

López recalcó que el país tiene que discutir y trabajar desde ahora en una verdadera reforma contributiva que entre en vigor tan pronto como expiren las medidas de emergencia adoptadas por el presente Gobierno.

Esa reforma, recalcó, tiene que basarse en un sistema contributivo que grave más el consumo y menos el ingreso y el ahorro y que garantice justicia contributiva para los que sobrellevan una carga excesiva en el sistema actual.

“Éste es un gran momento para repensar nuestro sistema contributivo yendo hacia el futuro”, señaló. “Puerto Rico necesita un sistema que grave principalmente el consumo, afectando menos los ingresos procedentes del trabajo y el ahorro”, subrayó.

López explicó que ésta es la primera fase de su propuesta de reforma contributiva. La segunda fase es el diseño de una reforma contributiva integrada y la tercera será la evaluación del sistema impositivo total: ingreso, consumo y propiedad.

Hasta que se acuerde esa reforma contributiva, la Fundación recomendó la congelación de toda iniciativa de tipo contributivo y una moratoria a nuevos incentivos.

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