Alerta sobre fraude en teléfonos

sábado, 11 de octubre de 2008
Antonio R. Gómez
Primera Hora

Fraude con teléfonos.

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico alertó sobre un nuevo esquema de fraude contra consumidores del servicio telefónico, consistente en el cobro de dinero por llenar una planilla para un alegado reembolso por sobrecargos en la factura del teléfono.
El cobro, informó el presidente de la mencionada Junta, Miguel Reyes Dávila, es generalmente de $40 y los farsantes obtienen, además, valiosa información personal de los timados.
Reyes instó a los consumidores a que “tengan mucha cautela y no paguen ni ofrezcan datos personales para estos fines”.

La agencia reguladora explicó que los que llaman dicen ser empresas de contabilidad y están actuando en los pueblos de Barranquitas, Aibonito y Guayama ofreciendo estos “servicios” y prometiendo reembolsos de hasta $1,000.Para obtener clientes, estas “empresas” publican anuncios en lugares públicos y en los medios de comunicación, dijo. Los primeros casos se reportaron en Barranquitas, durante el pasado mes de abril.

A los timados, además del dinero, se les requiere su número de seguro social, dirección postal y el total de teléfonos a los que estuvo suscrito.

Los documentos que los timadores les llenan a las víctimas los identifican con los números 1040EZ-T y 8913, advirtió.

Reyes aclaró que un programa de reembolsos como el que se les presenta a los timados existió en Estados Unidos, pero nunca aplicó a Puerto Rico, porque aquí no se cobraron tales recargos.
Advirtió, además, que aun en Estados Unidos la fecha límite para solicitarlos expiró en abril de 2007.

“Es importante que los consumidores se informen bien antes de aceptar pagar por cualquier servicio que prometa reembolsos federales, especialmente en estos momentos de estrechez económica, cuando desafortunadamente aparecerán personas inescrupulosas que quieran aprovecharse de la situación difícil por la que atravesamos”, indicó.

Reyes informó que la Junta colabora con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos para tomar acción contra los responsables de este fraude.