jueves, 26 de junio de 2008

“Paridoras” en cárceles

jueves, 26 de junio de 2008
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora

Investigan querellas de reos que relatan “actos de tortura” en centros carcelarios del sur, donde miembros de la población correccional son obligados a evacuar en bolsas plásticas ante la sospecha de que oculten material de contrabando. En la foto, la placa muestra un celular en el recto de un reo de la cárcel regional de Guayama. (Para Primera Hora / Edgar Vázquez Colón)

“Paridoras” de celulares y drogas.
Los confinados de las prisiones del Estado las conocen como “paridoras”, aunque los oficiales de custodia prefieren llamarlas “celdas secas”.

Se alega que se convirtieron en centros de tortura, aunque las autoridades correccionales apuntan a que históricamente se han utilizado las instalaciones para detectar material de contrabando introducido por el recto.

La Comisión de Derechos Civiles investiga una serie de querellas presentadas por reos que relatan “actos de tortura” que se cometen en centros carcelarios del sur, donde miembros de la población correccional son obligados a evacuar en bolsas plásticas ante la sospecha de poseer material de contrabando.

Entre los testimonios recopilados por los investigadores de la Comisión se detallan golpizas contra confinados, así como otros actos de brutalidad que involucran la ingestión forzada de purgantes para la rápida expulsión del material, aunque Corrección niega que los confinados hayan sido sometidos a estos tratos crueles.

“El Gobierno tiene una responsabilidad de velar por la seguridad, pero cuando estableces un sistema de intervención tienes que seguir unos parámetros cónsonos con los derechos civiles”, advirtió el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Lorenzo Villalba.

La Comisión conoció por primera vez de las “paridoras” a través de correos electrónicos que recibió por parte de la población penal el pasado abril y, en mayo, representantes de la dependencia visitaron la institución Ponce Principal para iniciar sus primeras entrevistas a algunas de las presuntas víctimas golpeadas en las instalaciones.

Otras versiones ofrecidas por la pandilla carcelaria Los Ñetas apuntan a que las “paridoras” han proliferado en todas las instituciones penales para la comisión de actos crueles contra los reos por parte de los custodios. Incluso, mediante un comunicado de prensa enviado ayer a los medios de comunicación, la banda indicó que un confinado fue esposado y golpeado tras ser llevado a uno de estos salones en la cárcel de Guayama.

Pereira: “son legales”
Pero el secretario de Corrección, Miguel Pereira, indicó que las “celdas secas” forman parte de los sistemas correccionales de todas las jurisdicciones estadounidenses, incluyendo Puerto Rico. También subrayó que el sistema correccional estableció procedimientos y protocolos para el proceso que salvaguardan la seguridad del confinado.

“Esto es completamente legal. Básicamente, son baños sin conexión pluvial. Los confinados no tienen manera de jalar la cadena del toilet”, indicó el secretario de Corrección, quien agregó que el confinado es mantenido en la instalación “hasta que la naturaleza corra su curso”.

La detención temporera de los confinados allí se debe a una proliferación de celulares en las cárceles, cuyo precio de venta entre los reos fluctúa entre $300 y $500.

Según se desprende de las versiones recopiladas por la Comisión, los presos cobran una cantidad parecida por introducir el artefacto en el ano.

Los confinados son llevados a las “celdas secas” tras ser registrados con detectores de metales en sus celdas o cuando llegan a la institución tras una visita médica o un trabajo en la libre comunidad que abonaría a su reducción de sentencia.

Pero, algunos confinados sostienen que los actos crueles a que son sometidos en las “celdas secas” forman parte de un cuadro más siniestro para reforzar el control de las autoridades sobre el sistema penal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) investiga cerca de 42 muertes registradas en la cárcel de Guerrero, en Aguadilla, durante los últimos tres años, que levantan una serie de interrogantes debido a la alta cantidad de fatalidades y autopsias que no concuerdan con la causa preliminar de muerte.

“No tenemos ninguna cárcel que haya registrado tantas muertes (en Estados Unidos ni en Puerto Rico). No hay una simple explicación para las fatalidades”, sostuvo el presidente de ALCU, William Ramírez.

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