lunes, 28 de abril de 2008

A repensar modelos de protección

lunes, 28 de abril de 2008
Firuzeh Shokooh Valle
Primera Hora

"El objetivo es prevenir la desintegración del núcleo familiar en todas las situaciones en que se pueda”

Rosa FuentesAdministradora auxiliar de Preservación y Fortalecimiento Familiar
Remover a un niño de su casa es una experiencia traumática.

Para evitar la reubicación de menores maltratados a hogares sustitutos y preservar los vínculos familiares, el Departamento de la Familia (DF) está en proceso de implantar en las 10 regiones el modelo Homebuilders que requiere atención intensiva, individualizada y accesible en las casas donde hay maltrato contra los niños.

Este programa comenzó en 1996, en Mayagüez, mediante un contrato de servicios directos con una organización. En el 2006 empezó como proyecto piloto en la región de San Juan y luego se extendió a Bayamón y Humacao. Para principios del año próximo se espera que el programa funcione en todas las regiones de la Isla. Hasta febrero pasado, según datos del DF, se había atendido a 147 familias con 372 menores.

La administradora auxiliar de Preservación y Fortalecimiento Familiar -adscrita a la Administración de Familias y Niños (Adfan)-, Rosa Fuentes, aseguró que en ninguno de estos casos los maltratantes han reincidido. La agencia ha sido criticada tanto por la remoción innecesaria de menores, como por no actuar a tiempo cuando ha habido una querella. “El objetivo es prevenir la desintegración del núcleo familiar en todas las situaciones en que se pueda”, explicó la trabajadora social a PRIMERA HORA.

Con el modelo Homebuilders las situaciones se manejan como casos de “protección en el hogar” porque se concluye que hay suficiente apoyo y herramientas en el núcleo. Se le ofrece a la familia un tratamiento de preservación familiar en el hogar, se hace una evaluación de sus fortalezas y necesidades y se desarrolla un plan de servicios. Una trabajadora social está disponible 24 horas al día, siete días a la semana, y visita el hogar por lo menos dos días cada semana para un total de cuatro horas.

Estos casos se trabajan intensivamente en un máximo de seis meses. Si la situación mejora y la familia cumple con el plan de servicios, el caso se desactiva, si no sería referido a otro plan de acción. La política pública del Estado está dirigida a mantener los vínculos de los menores con su familia, siempre y cuando su vida no esté en riesgo.

Ayuda psicológica
Bajo este programa cada trabajador social debe tener un máximo de seis casos a la vez, mientras el promedio en la agencia es de 25. También hay un psicólogo disponible para colaborar con los trabajadores sociales. Cada región debe tener una “caja menuda” de $2,500 para atender cualquier necesidad de los menores, como medicinas, ropa y facturas atrasadas de agua y luz.
La pregunta obligada es si este modelo se puede implantar cuando el menor está en riesgo inminente de perder la vida o si hay abuso sexual, por ejemplo.

Fuentes explicó que cada caso se evalúa individualmente. Si se concluye que la remoción es necesaria, se procede con esta acción. Si se concluye, por otra parte, que la parte agresora tiene que salir del hogar, se recurre a los canales necesarios ya sean civiles o criminales. Pero si hay una parte protectora -la madre, el padre o encargado que ha intentado proteger al menor-, el programa podría proveerle herramientas y fortalecer a ese familiar para que el menor permanezca en su hogar. Si la parte agresora se puede rehabilitar y está dispuesta a participar, también puede caer bajo el programa. Además, se trabajan problemas de adicción a drogas, alcoholismo y salud mental.

“Este modelo se implanta a la par con el nuevo modelo de referidos para distinguir las situaciones peligrosas” , explicó Fuentes en referencia al modelo de seguridad que uniforma el criterio de los trabajadores sociales y los técnicos en su diagnóstico de la seguridad y el riesgo de un menor.
El programa Homebuilders fue desarrollado en 1974 en Tacoma, Wa-shington, en respuesta al aumento de los casos de maltrato contra menores y la alta tasa de reubicación en hogares sustitutos.

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