martes, 29 de abril de 2008

Padres reclaman mejoras para su hija

martes, 29 de abril de 2008
Alex David
Primera Hora

PONCE.- Un sencillo foro entre familias dejó al descubierto la violación a una ley de Vivienda -que afecta a personas con impedimentos-, que posiblemente se ha extendido a algunos proyectos nuevos de residencias de interés social.

En el 2004, Rubén de Jesús y su esposa Luz Darder encontraron un techo para sus hijos, entre ellos la pequeña Marimar, quien es paciente de perlesía cerebral. Por ella querían conocer si había alguna manera de que la menor viviera en una casa con las instalaciones que necesitaba. Sin embargo, no esperaban convertirse en los precursores del rescate de una olvidada ley impulsada por la ex senadora Norma Carranza.

La Ley 213 de Vivienda -aprobada en el 2000- estipula que todo proyecto nuevo debe destinar al menos un cinco por ciento de sus residencias a personas envejecientes y con impedimentos. Entonces, la pareja conoció que en la urbanización Estancias del Laurel, del barrio Coto Laurel de Ponce, a donde se habían mudado, no cumplió con la ley, ya que ninguna de las más de 154 residencias habían sido habilitadas a esos fines.

Se querellaron ante la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento (OPPI) y poco después, ni la empresa Desarrollos e Inversiones del Sur (DIS) ni el Departamento de Vivienda (DV) estaban al tanto de la queja. Además, tanto el constructor como Vivienda aceptaron que desconocía los alcances de la ley.

Según De Jesús, Vivienda nunca aprobó el reglamento para implantar la ley, por lo que no se había establecido un mecanismo de regulación de los nuevos proyectos, a pesar de que la ley concedía a la agencia estatal sólo 90 días para aprobarlo.

Recién entonces, para el 2005, se inició la creación de un reglamento que fue aprobado en el 2007. “Hace cuatro años que la querella de nosotros está en Vivienda, que está claro que no han cumplido con esta ley y no se le ha impuesto ningún tipo de multa a esta gente (los desarrolladores)”, dijo De Jesús.

Su caso llegó a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Repre sentantes cuyo presidente, Luis “Junior” Pérez, ordenó una investigación en el 2006. A la fecha no se han presentado resultados.
Darder destacó que DIS se comprometió a mejorar su vivienda una vez enterados de la ley, pero cuando el reglamento fue aprobado, presuntamente, se retractaron y se negaron a pagar las debidas ampliaciones, dejando el caso en manos de Vivienda. La ley explica que las viviendas deben tener baños adaptados, marquesinas listas para vehículos con rampas, tomas de corriente a bajo nivel, cerrojos y tuberías en forma de “L”, entre otros detalles.

Por su parte, María Nieves, directora regional de OPPI en Ponce, indicó a PRIMERA HORA que el caso de la pareja fue referido hace tiempo a las oficinas centrales, pero que desconoce el resultado y el porqué de la tardanza.

Coincidió en señalar que, al menos en la mencionada urbanización, no se está cumpliendo con el requisito del cinco por ciento de viviendas especiales, mientras dijo desconocer que se haya aprobado el reglamento para poner en vigor la Ley 213 .

PRIMERA HORA se comunicó con Vivienda estatal y con el desarrollador, pero no fue posible conseguir una reacción.

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