Frenan orden de ejecución contra boricua

jueves, 6 de marzo de 2008
Prensa Asociada
Primera Hora

La juez Petrese B. Tucker, de la corte del distrito federal este de Pensilvania, ordenó ayer la paralización de la orden de ejecución contra el puertorriqueño Edwin Ríos Romero en lo que consigue representación legal para objetar constitucionalmente la determinación de pena de muerte.

“La moción del peticionario es concedida. La ejecución del peticionario es paralizada”, indica la orden de una página.

Ríos Romero, de 42 años, permanece encarcelado en la Institución Correccional de Greene, en Pensilvania.

Edgardo Román, presidente de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, explicó que la ejecución se paralizó porque los abogados de Ríos Romero, de la Oficina del Defensor Público Federal, presentaron una petición de excarcelación para que se revise su convicción y orden de ejecución, pues entienden que hay evidencia que exculpa a Ríos Romero del asesinato.
“Una vez se da un hábeas corpus al amparo de una legislación federal hay que dar tiempo para contratar a un abogado que radique una moción de nuevo juicio o algún planteamiento constitucional”, explicó Román en entrevista con la AP.

Ríos Romero nació en Brooklyn, Nueva York, en 1964, y se crió en el pueblo de Hatillo y es de padres puertorriqueños.

Fue enjuiciado y convicto por un jurado en 1996 por cargos de asesinato en primer grado, robo, asalto y conspiración. El jurado lo sentenció a la pena capital ese mismo año y su ejecución estaba programada para el 25 de marzo.

Se le acusó de haber matado en enero de 1996, junto a otros tres sujetos, a David Bolasky, dueño de varios apartamentos en Pensilvania, para robarle el dinero producto del cobro de la renta.
En 1999, el Tribunal Supremo del estado de Pensilvania denegó una apelación de Ríos Romero sobre su convicción y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a revisar la sentencia de la corte máxima de Pensilvania.

El proceso judicial que inició Ríos Romero en 2008 es una revisión federal del procedimiento estatal mediante el reto constitucional de la convicción y la sentencia de pena capital.

Los abogados del boricua, James Moreno y Michael H. Gonzales, indicaron en la moción que “ningún representante legal puede prepararse apropiadamente y presentar una petición bajo la sombra de una orden de pena de muerte”.

El tribunal les dio 180 días para prepararse.