Justicia busca atajar la pena de muerte

jueves, 24 de enero de 2008
Maritza DÍaz Alcaide
Primera Hora

Adopta Justicia medidas dirigidas a evitar que las autoridades federales les apliquen a los puertorriqueños la pena de muerte.

Conforme a una solicitud de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, el Departamento de Justicia de Puerto Rico considerará abstenerse de investigar y procesar los casos de carjacking en que resulte muerta una persona sólo si la Fiscalía Federal certifica que no requerirá la pena de muerte para el imputado.

Se dispuso, también mediante directriz administrativa, que cuando otros estados soliciten la extradición de un puertorriqueño contra quien podría pesar una sentencia la muerte, Justicia hará todos los esfuerzos necesarios para persuadir a ese peticionario contra la posible aplicación del castigo capital.

De estas gestiones fallar, el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, explicó que Puerto Rico no tendrá otro remedio que acceder a la extradición porque así lo requiere la ley.
Aunque la directriz no menciona otros delitos cobijados bajo la Ley Anticrimen de Estados Unidos —estatuto que permite aplicar aquí la pena capital— Sánchez Ramos le dijo que nueva “política pública” también los debe cubrir.

El titular de Justicia reconoció, asimismo, que el Gobierno de Estados Unidos siempre podrá imponerse y procesar estos casos, pero acotó que de ordinario éste no interviene si las autoridades estatales están investigando.

“Se investigará y procesará con celo y prioridad todo caso de robo de vehículo de motor en el que resulte una persona muerta, con independencia de la intervención de las autoridades federales en Puerto Rico... El Ministerio Público continuará con la investigación y el procesamiento de estos casos, aun cuando las autoridades federales expresen interés en (o decidan) investigar algún caso de esta naturaleza y así si dichas autoridades expresan interés (o deciden) procesarlos”, se lee en la directriz emitida.

En ese mismo documento se consigna que los fiscales de la Isla se abstendrán de investigar y procesar estos casos de carjacking si media un compromiso de los federales de no solicitar la pena de muerte “y convenga compartir funciones con las autoridades federales a la luz de los intereses públicos involucrados, en la situación de derechos de que se trate”.

Dicho lenguaje, precisó ayer el líder de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, Edgardo Román, lo que deja planteado es que “siempre” será requisito la garantía de que los federales no procurarán el castigo de muerte.

Los últimos años, mediante un acuerdo tácito entre ambas jurisdicciones, la mayoría de los casos de asesinatos de carjacking — el delito que más certificaciones de pena de muerte ha provocado en la Isla— han terminado en manos de la Fiscalía Federal.

Las consideraciones que han estado en juego son, entre otras, que los castigos por violación a ley federal son más severos y los federales tienen a mano mecanismos de investigación que aquí están vedados.

Sobre las extradiciones se informó que la expresión de oposición de Puerto Rico a la pena capital se le hará llegar a la parte peticionaria mediante una declaración escrita que haga constar el marco constitucional e histórico de Puerto Rico y la posición oficial del Estado Libre Asociado en contra de dicha sentencia.

La directriz de Justicia obliga a realizar, además, “todas las gestiones apropiadas y necesarias para persuadir” al otro estado de la conveniencia de no solicitar o aplicar el terrible castigo.
Según se anunció ayer, Justicia hará lo propio cuando se trate de un boricua que esté sujeto a la pena de muerte en otro estado.

El liderato de los que luchan en contra de la imposición de pena de muerte federal sobre los puertorriqueños calificó ayer la nueva política del Gobierno de Puerto Rico en torno a la pena capital “como un gran logro”.

Aunque las extradiciones siguen siendo posibles Román dijo que las gestiones de “persuasión” sí pueden ser exitosas y que eso ha ocurrido ya en dos casos recientes. En mayo de 2006, el Tribunal Supremo isleño determinó que el Gobernador tiene el deber ministerial de hacer efectivas las extradiciones cuando resolvió el caso del boricua Juan Martínez Cruz.