Investigan abuso a menor en albergue

Por Osman Pérez Méndez / osman.perez@gfrmedia.com Una niña de 11 años refugiada en el albergue de testigos del Departamento de Justicia presuntamente fue víctima de actos lascivos por parte de otro menor de 15 años, en un caso que está bajo investigación y sobre el que ha transcendido poca información. A la secretividad que por ley rige los procesos que involucran a menores se suma el anonimato en que se sumergen las familias que buscan la protección de las autoridades en el albergue. Según explicó ayer la fiscal Arlene Gardón, subdirectora del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la adolescente denunció haber sido víctima de actos lascivos por parte del otro adolescente, que también se encuentra con su familia refugiado en el albergue de testigos. El incidente, aclaró la fiscal, ocurrió el martes en horas del día, en una de las unidades de vivienda del albergue. Aunque las familias de ambos menores involucrados en el incidente se encuentran bajo la protección del Departamento de Justicia, ayer tanto la fiscal Gardón como el secretario Guillermo Somoza Colombani fueron enfáticos en que los menores están bajo la custodia de sus respectivos progenitores y no de alguna agencia gubernamental. “En el albergue de testigos hay personas adultas, que son varones solteros, féminas solteras, y hay familias. Cuando están las familias, se les da un apartamento. Lo que ocurre en ese apartamento, bajo la intimidad de ellos, le corresponde a los padres custodios velar por el bienestar de sus hijos”, comentó Somoza Colombani. El secretario recalcó que actuaron con prontitud al conocer del suceso. “Hay un protocolo... la niña, ocurren los hechos, la niña lo manifiesta, y ahí actuamos rápidamente y proactivamente”, dijo. Sobre el protocolo, Somoza Colombani explicó que “se le da la información a un agente que está en el negociado (NIE) en el albergue de testigos, se llama a (la División de) Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico, se lleva a un hospital”. Gardón confirmó que la adolescente había sido llevada junto con su mamá a un hospital para recibir tratamiento médico, y que agentes de la Policía habían iniciado una investigación. Ayer, la dirección de la División de Delitos Sexuales de la región de Bayamón dijo que no se emitiría ningún comentario sobre la investigación. Según el resultado de esa investigación, se requeriría o no la intervención del Procurador de Menores y el Departamento de la Familia. En el caso del primero se encargaría de radicar faltas contra el menor, mientras que el DF se ocuparía de determinar si alguna de las familias de los menores involucrados, o ambas familias, incurrieron en algún tipo de negligencia. La secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry Méndez, emitió un comunicado informando que la agencia estaba investigando el caso. Según la secretaria, la jovencita fue “sometida a evaluación médica” y que “el caso fue referido para evaluación en la Clínica Carlos Albizú, como parte de los servicios que ofrece el Departamento”. Añadió que personal de la agencia realizaba “las entrevistas de rigor a familiares y colaterales” relacionados con el suceso. Al encontrarse bajo protección en el albergue de testigos, era muy poco lo que se sabía de la menor, su presunto agresor y las familias de ambos. La fiscal Gardón apenas se limitó a decir que la menor llevaba tiempo en el albergue y estaba bajo la custodia de su madre, y el muchacho estaba bajo la custodia de sus progenitores.