viernes, 28 de octubre de 2011

Muchas las casas agrícolas que ilegalmente venden medicamentos


Bárbara J. Figueroa Rosa y Farasch López Reyloz / Primera Hora

Es un negocio que mueve mucho dinero y que tiene graves consecuencias para la salud pública: el mercado clandestino de fármacos veterinarios que podrían ser utilizados y poner en riesgo a los animales domésticos, así como a aquellos que terminan servidos en las mesas como alimentos de muchos puertorriqueños.


Y es que son muchas las casas agrícolas en Puerto Rico que ilegalmente dispensan sin restricciones medicamentos de todo tipo, sin que medie la participación de un veterinario o una receta, tal como lo dispone la Ley 247, conocida como la Ley de Farmacia de Puerto Rico.

Así lo corroboró Primera Hora mediante un recorrido por varios de estos establecimientos, donde obtuvimos, sin tropiezo, medicamentos que son altamente peligrosos y que ponen en riesgo la seguridad en la crianza de animales de consumo.

Vacunas, antibióticos, abortivos y desparasitantes fueron sólo algunos de los fármacos que este diario compró en ocho casas agrícolas distribuidas en varias regiones del país. En ningún establecimiento nos pidieron receta, tal como lo exige no sólo la Ley de Farmacia, sino también agencias federales como la Food and Drug Administration (FDA).

Medicamentos que se pueden conseguir El peligro de esta venta ilegal de fármacos, según explicó a Primera Hora el presidente del Colegio de Veterinarios, Miguel Borri, es que administrar este tipo de medicamentos sin las directrices adecuadas resulta un peligro para la salud humana.

“Lo primero que hay que establecer es que cualquier diagnóstico requiere un examen, análisis de sangre o cultivo. Luego se prescribe el medicamento que pudiera resolver la situación y, en el caso de animales de consumo, se requiere un resguardo para evitar que se comercialice con residuos químicos que puedan llegar al plato del consumidor y causarle serios problemas de salud”, explicó.

Igual opinión tiene el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Héctor Rodríguez, quien alertó sobre otros riesgos existentes con la comercialización clandestina de medicamentos veterinarios.

Por ejemplo, mencionó que una persona inexperta que entre en contacto con un medicamento hormonal como la prostaglandina -fármaco que este diario consiguió fácilmente- podría enfrentar serias complicaciones respiratorias, si fuese asmático. Además, podría provocar el aborto en una mujer embarazada.

“Además del riesgo que implica para el animal, si se le administra una dosis inadecuada”, agregó el licenciado.

Senador promueve el mercado ilegal
Sin embargo, lo más preocupante, tanto para el portavoz del Colegio de Farmacéuticos como para el de Veterinarios, es que actualmente se esté impulsando un proyecto que “legalizaría lo ilegal” ,pues les daría luz verde a los centros agrícolas para que continúen su ilícita práctica.

Se trata del Proyecto del Senado 2257, de la autoría del legislador Luis Berdiel Rivera, el cual busca derogar el artículo 5.13 de la Ley de Farmacia, precisamente, en que se estipula que estos comercios deben tener licencias para distribuir al por menor medicamentos veterinarios.

Y es que, según explica el senador en la exposición de motivos -en la que acepta que hay un mercadeo ilegal “que pone en riesgo la crianza de animales de consumo”-, la operación de las casas agrícolas “ha llenado el espacio vacío que históricamente prevalece en Puerto Rico por la falta de veterinarios de granjas”.

En cambio, más adelante, y de forma contradictoria, Berdiel Rivera asegura que la práctica ilegal “no representa problema alguno para la salud pública o animal” y toma como base para su argumento que “ya existen controles para evitar cualquier situación de contaminación por medicamentos en todos los mataderos de la Isla”.

El muestreo o control al que hace referencia el legislador -y el cual se hace bajo unos estatutos del Departamento de Agricultura federal a través del Food Safety and Inspection Services- indica que sólo se inspeccionan cuatro animales de lotes de 100 animales o más.

Llevándolo a las estadísticas locales, eso significa que, de 95,441 animales que fueron matados para consumo en la Isla, con suerte sólo 3,810 fueron monitoreados.

“El muestreo no es 100% seguro. Es un muestreo que se hace al azar... Y, sí, creo que debemos establecer unas inspecciones más rigurosas y adoptar un programa quality assurance para que esa inspección se haga animal por animal”, admitió, por su parte, el secretario del Departamento de Agricultura, Javier Rivera Aquino, quien se mostró a favor de la medida que presentó Berdiel, pues “no le veo ninguna mala intención... además, éste es un país donde se mercadea Viagra en todas las esquinas, y eso también es ilegal”.

Sin embargo, Rivera Aquino no pareció reconocer que la ingestión de Viagra es una decisión voluntaria del consumidor que se arriesga a comprar en un mercado negro un fármaco controlado, mientras que los antibióticos administrados en ganado nadie nos advierte que hay altas posibilidades de que estén presentes en la carne que consumimos, por lo que los ingerimos involuntariamente y sin saber al riesgo que nos exponemos.

“La verdad es que este artículo (el 5.13 de la Ley 247), en la práctica, no logró nada”, dijo el Secretario al agregar que considera que los agrónomos y técnicos veterinarios deberían tener licencias para expedir recetas veterinarias. Esta posición no toma en cuenta que los técnicos y los agrónomos no hacen estudios en medicina, aunque estos últimos son una pieza importante en cuanto a vigilancia por la calidad de los procesos de la producción y la transformación de productos agrícolas y alimentarios.

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