Nace la Asociacion de Abogados

17 Febrero 2011

Nace la Asociacion de Abogados
La corporación está vigente desde el año pasado

Fotos: Liberan a Osvaldo Toledo
La sede del Colegio de Abogados en Miramar está en peligro de ser ejecutada por la sentencia millonaria contra la institución. (Archivo)Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com

Una nueva organización de togados parece abrirse paso en secreto, mientras el Colegio de Abogados enfrenta una sentencia a nivel federal que le obliga a devolver $4.1 millones correspondientes al supuesto uso ilegal de parte de las cuotas anuales para cubrir un seguro de vida grupal.

De no entregar los fondos, el tribunal embargaría la sede de la institución, ubicada en Miramar.

Según el expediente de la entidad en el Departamento de Estado, la Puerto Rico Lawyers Association, Inc. nació el 30 de junio del 2010 a las 5:35 p.m., cuando recibió su certificado de incorporación.

El flaco expediente amarillo sólo contiene ese certificado, un recibo de pago y el documento de 15 páginas donde se indica el propósito de la corporación.

Este documento, con fecha del 12 de enero de 2010, establece que la asociación busca “promover la ciencia de la jurisprudencia para asegurar una administración más eficiente de la justicia” y “promover la adopción de legislación adecuada”.

Más adelante, indica que ninguno de los oficiales de la organización ni sus empleados podrán utilizar sus puestos o privilegios para “proveer, pronunciarse o realizar gestión alguna ni en lo procesal ni en lo sustantivo con relación a ninguna ideología, posición o proposición de política económica o social ni de tipo otro alguno, ya sea con relación al estatus político de Puerto Rico, partidos políticos ni candidaturas”.

Uno de los argumentos principales que se esbozaron para terminar con la colegiación compulsoria hace dos años fue precisamente que varios abogados no se sentían representados por los comentarios ideológicos de sus líderes.

La colegiación voluntaria se convirtió en ley el 13 de octubre de 2009, cuatro meses antes de que se sometiera ante el Departamento de Estado la información sobre la nueva asociación.

Según el expediente, la sede de la corporación está en la oficina 218 del edificio La Electrónica, en Río Piedras.

Una visita de este diario reveló que la oficina, donde resaltan fotos de la convención republicana del 2004, corresponde a la administración del edificio, a cargo de Empresas Omajede, Inc.

Jenny Torres, de la administración, se mostró sorprendida al enterarse de que allí debía operar también una asociación de abogados. Indicó no conocer a Mario Torres González ni a Carmen Rivera, quien es identificada en los documentos de la asociación como la “agente residente” en la oficina.

Ninguno aparenta practicar la abogacía ya que ni el Colegio ni el Tribunal Supremo, que guarda los datos de los letrados que se desafiliaron de la institución, tienen información de ellos.

PROPONEN UNA SUBCLASE

Por otra parte, la licenciada Judith Berkan sometió ayer una moción a nombre de cinco abogados que reclaman que se cree una subclase en el pleito contra el Colegio.

La subclase agruparía a los abogados que pertenecían a la institución entre el 2002 y 2006 y que no desean que se les devuelva el dinero del seguro de vida. Es por esto que los letrados impulsan una campaña para desligarse del pleito y reducir esa cifra.

Por hablar del proceso, el líder del Colegio, Osvaldo Toledo, pasó cinco días en prisión al negarse a pagar una multa de $10,000 que le impuso el juez federal José Fusté por violar la orden de mordaza sobre el caso.

Condiciones preexistentes de salud que se le agravaron con el encierro obligaron a Toledo a pagar la multa.