Oídos sordos al maltrato

04 Noviembre 2010

Oídos sordos al maltrato
Miles de denuncias de abusos contra niños no son verificadas
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Video: Crítico menor maltratado

Un informe de la Administración de Familias y Niños de Estados Unidos dice que el DF se tarda demasiado en establecer contacto directo con los menores que podrían estar siendo abusados. (Thinkstock)
Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

El Departamento de la Familia (DF) mantiene cerca de 9,350 denuncias de maltrato sin investigar o incompletas, lo cual implica la posibilidad de que haya miles de niños en peligro de ser maltratados sin que la agencia se haya molestado en verificarlo.

Los estimados más conservadores del DF apuntan a que el 30% de las denuncias son realmente casos de maltrato, aunque otras fuentes estiman que generalmente hasta el 45% de las denuncias pueden tener mérito.

En todo caso, se trata de muchos ciudadanos que han respondido al llamado de las autoridades para que denuncien situaciones de maltrato, pero no se les ha hecho caso.

“La agencia está en un estado de emergencia”, dijo la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Gloria Rivera Centeno.

Según un documento elaborado en el DF, bajo el nombre de Referidos de Maltrato Recibidos por las Unidades de Investigación Especializada, al cual El Nuevo Día tuvo acceso mediante fuentes que prefieren que no se les identifique, las regiones con más casos sin investigar o incompletos son Bayamón, San Juan, Carolina, Ponce y Caguas.

La secretaria de Familia, Yanitsia Irizarry, indicó, sin embargo, que las cifras reflejadas en el documento no son reales y que los informes estadísticos de la agencia reflejan una cantidad menor. Sin embargo, Irizarry no ofreció la cifra que ella considera exacta.

La Secretaria señaló, sin embargo, que actualmente los trabajadores sociales de la Administración de Familias y Niños investigan unos 14,600 casos que aún no habían sido fundamentados. Según Irizarry, mensualmente el DF recibe entre 10,000 y 14,000 llamadas denunciando algún tipo de maltrato contra un menor.

En promedio, el DF logra validar un promedio de 200 casos mensuales de maltrato a menores, según Irizarry.

El problema de la lentitud del DF en verificar denuncias es ya objeto de preocupación de las autoridades federales.

El Nuevo Día supo que la Administración de Familias y Niños de Estados Unidos examinó entre el 2008 y el 2009 los procedimientos del Programa de Protección de Menores del DF y encontró tardanzas significativas en el contacto cara a cara con los menores referidos por maltrato. Una conclusión similar se hizo con relación al contacto cara a cara entre los trabajadores sociales y los menores cuyos casos fueron transferidos de una región a otra.

investigaciones incompletas

El informe, cuyos hallazgos le fueron informados al DF en julio de este año, también denuncia la existencia de una cantidad “significativa” de investigaciones incompletas dentro de los términos establecidos en las distintas etapas de intervención con una familia en la que se sospecha maltrato a un infante.

Esta semana, se supo que el caso del bebé de dos años de Bayamón cuya madre y padrastro fueron acusados anoche de propinarle brutales golpizas, estuvo en una oficina local de Bayamón por once meses sin que nadie le hubiera dado seguimiento.

Irizarry explicó que esas demoras se deben al sistema “arcaico” en los trámites de los casos. Explicó que todos los procedimientos se hacen manuales, lo que limita el tiempo de los trabajadores sociales en las calles atendiendo cara a cara a los perjudicados.

Añadió que eso se está atendiendo con un proyecto de mecanización que deberá entrar en vigor en diciembre.

Según Irizarry, cuando llegó a la agencia, había denuncias que tres días después de ser recibidas aún estaban sin atender. Se trata de una situación, que según la ex secretaria de la agencia Yolanda Zayas, también existía en el 2000 con el cambio de administración gubernamental.

En aquel entonces, explicó la ex titular de la agencia, los atrasos en los casos lo atendieron añadiendo personal, incluyendo la participación de trabajadores sociales voluntarios, y apoyando con técnicos de familias las regiones.

El documento del DF que incluye la cifra de casos sin atender también recoge denuncias de las posibles causas de esta situación, hechas por funcionarios de la agencia.

Sobrecarga de trabajo

Según el informe, entre las fallas se encuentra pocos vehículos oficiales y choferes disponibles que puedan asistir en las intervenciones de los trabajadores sociales y técnicos de familia.

Además, se alegó una sobrecarga de los empleados al punto que algunos trabajadores sociales tienen actualmente hasta más de 50 casos asignados, una cantidad exagerada de acuerdo con todos los parámetros aceptables en este campo, según expertos.

Irizarry, por su parte, alegó que el volumen de casos de los trabajadores sociales en la gran mayoría de las ocasiones es adecuado. Indicó, inclusive, que algunas regiones como Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan, se han reforzado con trabajadores sociales de otras áreas en la que el volumen de casos es menor. Irizarry no ofreció cifras para sustentarlo.

Rivera Centeno, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, en cambio, se hizo eco de la denuncia de sobrecarga de trabajo. Esto, señaló, comenzó con los recortes de personal en el Gobierno.

Irizarry indicó que la Ley 7 de Emergencia Fiscal no afectó los servicios para los casos de maltrato. Rivera Centeno, manifestó entretanto, que los recortes fueron posterior a la implantación de la Ley 7. Según la presidenta del gremio, el DF dejó de renovar contratos, principalmente a los técnicos.

Este personal, explicó, asiste a los trabajadores sociales en los casos y atiende las pesquisas y los planes de servicios para los ancianos víctimas de maltrato. “Ellos que de por sí tenían muchos casos, ahora sin la ayuda, la carga es más”, dijo la presidenta del Colegio.

En cuanto a la ausencia de vehículos oficiales, Irizarry indicó que han tomado medidas para reforzar la flota de la agencia y ofrecer estipendios a los trabajadores sociales para que usen sus autos personales.