miércoles, 17 de noviembre de 2010

Justicia se une a demanda en contra proveedoras de tarjetas

Justicia se une a demanda en contra proveedoras de tarjetas
Por Inter News Service
Martes 16 de Noviembre de 2010


El secretario de Justicia, Guillermo Somoza. Foto EL VOCERO/Archivo
San Juan- El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Guillermo Somoza Colombani, se unió hoy al pleito presentado por el Departamento de Justicia federal contra las compañías de tarjetas de crédito American Express, MasterCard International y Visa, por ciertas prácticas y condiciones restrictivas al comercio que estas compañías imponen a los consumidores y comerciantes.



El caso presentado ante el Tribunal Federal de Nueva York por la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del DJ, busca impugnar las cláusulas anticompetitivas incluidas en los contratos de adhesión que estas compañías de tarjetas de crédito imponen a los comerciantes.



Algunas de las condiciones son limitar o impedir que los comercios ofrezcan descuentos, cupones, beneficios, incentivos u otros servicios al utilizar un tipo de tarjeta de crédito o debito particular en el punto de venta.



Otro impedimento que se incluye al comerciante y los consumidores es brindar información en torno a los costos o conveniencias de una tarjeta sobre otra.



"Este tipo de cláusula limita al comerciante y al consumidor en su selección de tarjetas. Las agencias reguladoras concluyeron que estas prácticas tienen el efecto de restringir el flujo ordinario del comercio y tienden a limitar la competencia entre las principales proveedores de servicios de tarjetas de crédito", indicó Somoza Colombani.



Visa y MasterCard acordaron suscribir un acuerdo transaccional para cesar esta clase de prácticas y permitir a los comerciantes ofrecer especiales y descuentos al consumidor al usar una tarjeta de crédito. El pleito continúa contra American Express.



El titular de Justicia indicó que Puerto Rico se une a 18 estados en la tramitación del pleito.

Agregó que el ingreso al caso se realizó con el propósito de buscar beneficios para los comerciantes y consumidores puertorriqueños, y proteger la libre competencia.

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