martes, 6 de julio de 2010

Sin evidencia del arma disparada

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06 Julio 2010

sin evidencia del arma disparada
Ciencias Forenses necesita tener el casquillo de la bala para su análisis



El pasado miércoles la Fuerza de Choque la emprendió contra civiles y estudiantes en las afueras del Capitolio.Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com

La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la doctora María Conte, reconoció en días recientes a El Nuevo Día que será imposible, con la evidencia que tienen en su poder, determinar mediante pruebas de balística si el arma que entregó el teniente primero Juan D. Vargas fue disparada en algún momento en la tarde del pasado miércoles.

Se alegó que esta acción ocurrió durante el encontronazo que tuvo la Fuerza de Choque con manifestantes en los alrededores del Capitolio.

Según explicó Conte, la Policía sólo entregó el arma de este oficial. Al no contar el ICF con un casquillo recogido en la escena el día de los hechos, no hay manera de verificar si salió de esa pistola, dijo la funcionaria.

La foto de este oficial, poseedor de un abultado historial de querellas por abusos en la Policía, circuló por internet y los periódicos el jueves, un día después de que participara en medio de la reyerta entre policías y manifestantes.

Vargas estaba en el lado sur del Capitolio cuando se alega desenfundó el arma.

Radican querella


(INS) - El representante Charlie Hernández informó que presentó una querella ante la Policía de Puerto Rico contra varios oficiales de ese cuerpo que intervinieron con manifestantes el miércoles 30 de junio frente al Capitolio.

Hernández dijo que la querella se fundamenta con vídeos tomados a miembros de la Policía, en los que se muestra a agentes sin sus identificaciones o “name tags” como requiere la ley.

El representante del Partido Popular Democrático denunció que en tres ocasiones le había advertido al superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, en torno a la ilegalidad de los uniformados sin que tomara acción, a pesar de que reconoce que la Ley obliga a los oficiales a estar identificados.

Sostuvo que resulta despreciable que se consienta la práctica de ocultar la identidad de los policías para protegerlos en caso de excesos o violaciones de derechos civiles.

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