Exigencias del gobierno federal al DE

09 Junio 2010
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - Cerca de la mitad de los más de $2,000 millones que recibe Puerto Rico en fondos federales de educación pueden estar sujetos a las “condiciones especiales” que acaba de actualizar el Departamento de Educación de Estados Unidos.

“No tenemos una cantidad exacta, pero son más de $1,000 millones”, indicó Jim Bradshaw, portavoz del Departamento de Educación federal.

El pasado día 3, en una carta enviada al gobernador Luis Fortuño y al secretario interino del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), Jesús Rivera Sánchez, la Oficina de Servicios de Alto Riesgo informó de las condiciones especiales a que volverá a estar sujeta la asignación de fondos discrecionales, que se otorgan a base de propuestas (grants).

Las restricciones aplicarán también a los fondos de la ley federal de recuperación económica (ARRA) e incluye no sólo los fondos del año fiscal 2010 -que termina el 30 de septiembre-, sino asignaciones de años previos que todavía no hayan sido utilizadas.

“Este es un proceso rutinario”, advirtió, sin embargo, Bradshaw, al indicar que en términos generales lo que se ha hecho es actualizar las condiciones previas, por lo que no debe interpretarse como una sanción adicional para el DE local.

La actualización de esas restricciones, sin embargo, se ponen en marcha en momentos en que el gobierno de Puerto Rico, cuyas últimas iniciativas han sido elogiadas por Educación federal, se acerca al último semestre del acuerdo suscrito en diciembre de 2007 sobre la administración de fondos federales.

Las “condiciones especiales” obligarán al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) a rendir informes el próximo 31 de julio y el 1 de febrero de 2011 sobre cómo se completa la reorganización administrativa en esa dependencia, a nivel de distrito, regional y central.

También se exige al DE local confirmar que se han implantado adecuadamente las estrategias sobre la adquisición de equipos y otras tareas referentes a los programas de educación especial. Otra área incluida es la necesidad de la certificación de los equipos que se distribuyen a nivel regional.

En la carta del 3 de junio, el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo de Educación federal, Phil Maestri, reiteró que si se fallara en cumplir con las condiciones del acuerdo, el DE puede enfrentarse a penalidades y a ser incluido otra vez en el listado de jurisdicciones de alto riesgo.

Si tuviera que regresar al listado de jurisdicciones de alto riesgo, las consecuencias pueden incluir, entre otras, limitar las asignaciones a reembolsos, otorgarle la administración de los fondos a una tercera parte y reclamar la recuperación de fondos mal utilizados.