Víctimas de la burocracia

sábado, 6 de marzo de 2010
Jessica Pérez Cámara
Para Primera Hora

El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua otorga varias definiciones al término burocracia. La primera: ”organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios”.

Y también la define como: “administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

Y vaya que lo es. Todos hemos vivido, en una ocasión u otra, los estragos del sistema de administración pública que existe en Puerto Rico.

Nos colman la paciencia hasta más no poder, pero eso no es lo peor. El dolor de cabeza por el mal rato se nos va al rato, pero en ocasiones los procesos se dilatan tanto que nos roban la salud o, incluso, la vida.

El manejo del caso fue una “aberración médica”

Willy es cuadripléjico. Lucha por simplificar su compleja existencia y adquirir independencia para ver a sus niños crecer; ir a los cumpleaños, a las actividades escolares, a los juegos de pelota y seguir teniendo ganas de vivir.

Hace tres años, William “Willy” Torres Bordonada sufrió un accidente de motora que lo dejó incapacitado físicamente y con una gran batalla que librar para conseguir una digna rehabilitación.

El hombre de 34 años sufrió fracturas en las cervicales, dislocación de la columna vertebral y el cordón espinal pinchado. Estuvo 38 días entubado. “Ahí fue que comenzó el proceso”, dice.

Ese “proceso” no ha sido otra cosa que un calvario con la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) para recibir los servicios correspondientes a su rehabilitación.

También lo llama “una osadía” por parte de las autoridades médicas, toda vez que no fue operado con la debida urgencia y hoy la historia podría ser otra.

“No basta con la condición de estar en una cama, sino por la impericia médica por la que pasé. Yo sé que el no haberme operado a tiempo hubiera sido una diferencia en mi vida”, reflexiona el padre de Fabián (5) y Fabiola (3).

El Proceso

Willy fue dado de alta el 7 de septiembre de 2007-el accidente ocurrió el 14 de julio de ese año- con un halo vest (estabilizador del cuello y la espina), con el que debía estar sólo tres meses para que una úlcera en la parte de atrás del cuello sanara y así poder operarlo. Permaneció con el aparato por un año, un mes y 15 días. La úlcera había sanado.

Las múltiples visitas y llamadas para hacer cita con el neurocirujano de su caso no le brindaban ninguna esperanza. Nunca le pusieron fecha para la operación y cuando lo intentaron hacer, ya era muy tarde, ya tenía otro médico. En el ínterin, Willy sufrió un alza en unos parámetros de la orina, propia de los pacientes sondeados. Eso no era impedimento para operarle, pues un urólogo le dio el visto bueno.

El paciente estuvo casi un año en su casa, esperando, porque ni tan siquiera podía tomar terapias.

¿Por qué no lo operaban?

Una trabajadora social que provee ACAA lo llamó.

“A ti no te han operado porque no se ha llegado a un acuerdo entre los neurólogos y neurocirujanos (en relación) a las tarifas de las operaciones'...(pausa) Que no se me haya operado por dinero (se aflige)... Lo de la orina era un bluff”, alega.

Willy logró operarse a través de su plan médico privado.

El ortopeda que lo intervino, Fernando Villamil, catalogó como una “aberración médica” tener al paciente esperando por un año con el aparato puesto.

Hoy Willy goza de su rehabilitación. Consiguió una silla de ruedas motorizada gracias a una donación. Se supone que la ACAA le provea una, pero por los trámites burocráticos -que duran meses- le dieron la que no era.

“Tengo derecho a la vida”

En agosto pasado, a Iris Matías le diagnosticaron una extraña enfermedad y le auguraron un año de vida.
Nuestra Miss MTodo estuvo bien con el plan médico de Socios del Auxilio Mutuo hasta que llegamos a los medicamentos; no los proveía. Me querellé con la procuraduría del Paciente, se consiguió la Reforma de Salud y peleamos los medicamentos”, narra. Para ello tuvo que cerrar su negocio: un spa.

“Ahora no estoy generando absolutamente nada (de dinero). Tienes que poner en perspectiva qué tú quieres: vivir o... No puedes trabajar, físicamente, no puedes”, dice.

Iris cuenta que su médico la envió a Estados Unidos. “Allá me dicen que estoy peor de lo que me dijeron acá. Me dijeron que yo soy paciente de infusión continua”, explica.

La Administración de Seguros de Salud (ASES) le negó el tratamiento. Acudió a agencias gubernamentales y a legisladores. Aún espera por ellos.

Iris toma diariamente dos medicamentos orales a un costo de $8,500 que sufraga la Reforma. La infusión, que cuesta $18 mil mensuales, la obtuvo gracias a una donación del Cleveland Clinic, Florida.

“Lo que tuve que conseguir fue el dinero para la cirugía (colocación de un catéter subcutáneo que bombea el medicamento cada segundo). Se perdió mucho tiempo, cuatro meses. A mí me toca la IPA de Guaynabo y ahora mismo no hay médico”, denuncia.

Si la enfermedad figurara en la lista de enfermedades catastróficas, dice, no tendría que ir a un médico primario como requiere el proceso burocrático, sino que iría directamente al especialista.

“Uno no tiene ese tiempo, esa fuerza. Yo no puedo subir y bajar escaleras a cada rato cuando ellos me digan que necesitan un papel. Tienen que ser un poquito más efectivos y menos limitantes”, denuncia la madre de una joven de 17 años.

“Papa caliente ” entre Retiro y el Fondo

El policía José A. Meléndez Rosario quedó traumatizado tras intervenir con un criminal en el 1992. Tres años después fue dado de alta con incapacidad parcial y permanente y un diagnóstico de síndrome de estrés postraumático, esquizofrenia, personalidad paranoide, alta presión y pensamientos suicidas.

El hombre recibió su pensión por incapacidad otorgada por la Administración de los Sistemas de Retiro hasta el 2004, cuando se revaluó. “Un psiquiatra me evaluó y en 15 minutos dijo que yo estaba bien. Me mandaron a la academia para readiestramiento, pues hay una nueva ley que si uno pasa uno o dos años fuera (de la Policía), hay que volver a ella”, relata.

Lo intentó y no le fue mal hasta que le asignaron un arma. “Mientras no la tuve, no hubo problema. Tan pronto me la dieron, empezó mi calvario. Estaba demasiado ansioso. Iba a la academia y sentía que me estaban persiguiendo”, cuenta sobre sus penurias. En muchas ocasiones regresaba a su casa a dejar el arma. No pasó el examen de tiro y no obtuvo el grado asociado que se necesita para estar en la Policía. Pero continuó armado.

En el 2006 fue asignado al cuartel de Loíza, donde los superiores lo mantenían vigilando el parking. “Se preguntaban cómo era posible que me hubieran reinstalado con un arma. Como no pude soportarlo, mi esposa (María Vázquez) me llevó al Fondo”.

En la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) mantuvieron su diagnóstico y le proveyeron tratamiento por un año. Luego le dieron de alta con el mismo diagnóstico. “El psiquiatra me dijo: 'Mira, esto nunca ha pasado’”, contó angustiado el hombre.

La papa caliente

Con sus altas y bajas, la CFSE le dio el alta y la Policía asignó nuevamente el caso a Sistemas de Retiro.

¿Retiro no tiene que acatar esa decisión?

No, ellos dicen que aunque el Fondo diga una cosa, ellos se tienen que regir por sus leyes.

¿Qué dice Retiro?

Nada. Llamo y me dicen que espere (tienen que revisar el expediente, por encontrarse fuera de la Isla).

Tuvimos que dejar la casa, dejarlo todo allá (en Puerto Rico)... Dejé de ganar dinero.

José vive en Nueva York. Recibe $60 de welfare.

María Vázquez es su tutora y no trabaja porque tiene que cuidarlo.

Actualmente, recibe tratamiento médico por parte del Estado y mantiene exactamente el mismo diagnóstico de hace 15 años.
undo de Puerto Rico 1985 padece de hipertensión pulmonar arterial primaria, una condición casi desconocida y sin tratamiento en la Isla. Sólo hay unos 15 casos aquí.

Las arterias del pulmón izquierdo de Iris se cierran y endurecen sin que la sangre oxigenada suba al ventrículo izquierdo del corazón, provocándole asfixia y desmayos. Usa oxígeno las 24 horas.