Guerra del ron hunde a muchos

lunes, 1 de marzo de 2010
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora

La guerra que se ha desatado entre los gobiernos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes por un acuerdo que facultaría el traslado del ron Captain Morgan de la destilería Serrallés a una nueva fábrica que construye el segundo territorio estadounidense ha destapado un entramado de conspiraciones corporativas y gestiones de cabildeo que involucran a congresistas, ejecutivos de algunas de las empresas interesadas y entidades que han sido utilizadas como peones de un maestro juego de ajedrez.

Durante los pasados días, los esfuerzos encaminados por funcionarios puertorriqueños en Washington para alterar las condiciones contractuales de la empresa en las Islas Vírgenes se han intensificado por la intervención directa del gobernador Luis Fortuño, quien instó al Congreso a mediar en la disputa por el impacto económico que tendría sobre Puerto Rico el traslado de la compañía. Las gestiones de la administración penepé también pretenden proteger la industria local contra el segundo ron más vendido en Estados Unidos. De hecho, la Compañía de Fomento Industrial evalúa promover más subsidios para los productores locales.

Por su parte, Diageo, la empresa de licores premium más poderosa a nivel mundial que promociona a Captain Morgan como una de sus marcas de mayor crecimiento, espera comenzar la producción del ron en las Islas Vírgenes en el 2012, pero se estima que a partir de ese año Puerto Rico comenzaría a perder cerca de $150 millones anuales. Esto se traduce en una cuarta parte de los fondos que la Isla del Encanto recibe como parte de un reembolso federal por los impuestos que se pagan por cada galón de ron vendido en Estados Unidos. Puerto Rico actualmente es el principal productor del licor para el mercado estadounidense.

Más del 50 por ciento del dinero se destina al Fondo General del Gobierno estatal, mientras que gran parte del resto del dinero se utiliza para la construcción de proyectos de infraestructura, la conservación ambiental, programas de tecnología e innovación, entre otros asuntos cruciales para el desarrollo del país.

Por su parte, Islas Vírgenes ha estado recibiendo cerca de $80 millones anuales por la producción del ron Cruzan. Se cree que el territorio ganaría mucho más terreno en la industria del ron internacional si se concreta el negocio.

Pero detrás de todo el dinero que el Gobierno puertorriqueño podría perder se esconde una madeja de cabilderos que aparentemente prepararon el terreno para el traslado de Captain Morgan y que intentan proteger todos los subsidios que la empresa británica pueda recibir en las Islas Vírgenes. Por otro lado, entidades puertorriqueñas, algunas de las cuales reciben dinero proveniente del fondo, también están haciendo de su parte para torpedear el negocio redondo de Diageo.

La pelea entre los dos territorios, que por los últimos dos años se ha mantenido tras bastidores desde la firma del contrato que facultó el traslado en julio de 2008, ha asumido un tono mucho más público y visceral cuando Diageo envió la semana pasada un comunicado de prensa de 13 páginas para denunciar una “campaña de descrédito” de Bacardí para descarrilar el crecimiento de su marca.

Los ataques corporativos se han desatado paralelamente a un pulseo entre el comisionado residente Pedro Pierluisi y la delegada de las Islas Vírgenes, Donna Christensen, en torno a un proyecto del primero que espera establecer un tope de 10 por ciento a los subsidios que Diageo puede recibir en su nuevo centro de operaciones en el Caribe. Una ley estatal puertorriqueña provee el mismo tope, pero los subsidios que reciben los productores locales no sobrepasan el seis por ciento del total de fondos que provienen del reembolso.

Una investigación de ProPublica, una organización periodística que se especializa en reportajes investigativos a favor del interés público, reveló que Diageo gastó cerca de $2.25 millones en gestiones de cabildeo el año pasado y que cerca de $775,000 de este dinero se destinó a la firma de DLA Piper, la misma que ha utilizado el Gobierno de Puerto Rico para otros asuntos que requieran legislación a nivel federal.

Primera Hora reveló el año pasado que uno de los cabilderos de Diageo en el caso de Captain Morgan era un ex asesor de Pedro Rosselló durante su administración.

Uno de los legisladores más polémicos, el representante demócrata por el estado de Nueva York, Charles Rangel, mantiene la medida de Pierluisi engavetada en su Comité de Medios y Arbitrios. El representante ha sido objeto de varias investigaciones por no reportar cientos de miles de dólares en ganancias.

“Están participando del juego de influencias. Rangel se proyecta neutral en el proceso, pero es claro por sus acciones que está favoreciendo a Diageo”, sostuvo el escritor de ProPublica Mark Stern, un ganador del Premio Pulitzer que lleva más de año y medio investigando la polémica transacción.