Sistema de Retiro del gobierno es el peor capitalizado

miércoles, 23 de diciembre de 2009
Antonio R. Gómez
Primera Hora

El Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico es el de peor condición económica entre todos los sistemas comparables en Estados Unidos, asegura una revista especializada en el tema.
La difícil situación, que arrastra desde su fundación en el 1951, fue confirmada ayer a Primera Hora por su administrador, Héctor Mayol. “Estadísticamente, no hay estado, ciudad… no hay plan que esté tan bajo de fondos como lo está el de los empleados del Gobierno de Puerto Rico”, indicó.

La crítica situación de este sistema es tema de portada de la revista ai5000.
Mayol atribuye la crisis al diseño original del sistema, que dispuso que las contribuciones que hacen tanto el patrono como los empleados se establezcan por ley y no por “una base actuarial científica”.
Subrayó que “históricamente” se ha determinado que la contribución que se hace al Sistema de Retiro no es suficiente. Al presente, indicó, el Gobierno como patrono aporta un 9.275 por ciento del salario del empleado y éste aporta otro 8.275. Contrasta esa aportación con la conclusión del informe actuarial de 2007 (el del 2009 se prepara ahora) de que la contribución patronal debería ser de 30 por ciento.

Ese mismo informe concluyó que los fondos con que contaba el sistema representaban entonces 17 por ciento de su obligación proyectada. “Me gustaría pensar que nos quedamos alrededor de un 10 por ciento; puede que sea menos de eso. Si con lo que contamos es con 10 o 12 centavos de cada dólar para pagar pensiones futuras, quiere decir que estamos insolventes”, declaró.
Mayol informó que hay un comité trabajando en recomendaciones que deberá entregar al Gobernador a fines de enero o principios de febrero. “La gama de recomendaciones es muy amplia. No hay ninguna recomendación ahora mismo ante la consideración del Gobernador o la Legislatura”.

Adelantó, sin embargo, que entre éstas se incluirán alzas en las aportaciones, así como la posibilidad de asignaciones especiales directas del Gobierno para el sistema.