lunes, 16 de noviembre de 2009
Nydia Bauzá
Primera Hora
La Cámara de Representantes aprobó una enmienda a las Reglas de Procedimiento Civil que pretende oficializar el inglés en los tribunales.
Pero, el portavoz popular en la Cámara, Héctor Ferrer, dijo que logró que se aprobara a viva voz “una enmienda a la enmienda” para que los documentos que se presenten en inglés se traduzcan al español.
Ferrer dijo que amplió la letra de la enmienda impulsada por las legisladoras Jenniffer González y Liza Fernández, para disponer que cuando una de las partes no hable español y presente sus mociones al tribunal en inglés, la parte contraria pueda solicitar que los documentos sean traducidos al español. “La enmienda le da discreción al tribunal. Hay que darle acceso a todo el mundo”, sostuvo Ferrer.
Mientras, los presidentes del Colegio de Abogados y de la Comisión de Derechos Civiles se opusieron a que los procesos judiciales del país se ventilen en inglés.
“La medida es una barbaridad y evidencia la desconexión que tienen sus autores con la idiosincrasia y los patrones culturales y linguísticos de nuestro país. Si bien es cierto que legalmente el español y el inglés son idiomas oficiales, la realidad nuestra es que somos un pueblo y un país hispanoamericano, latinoamericano y que nuestro vernáculo es el castellano”, dijo el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Hernández.
Agregó que la medida podría tener visos de inconstitucionalidad porque ubicaría al ciudadano en una posición de indefensión en las cortes de justicia.
Hernández indicó que estudios y encuestas han demostrado que sobre el 80% de la población puertorriqueña no domina ni maneja el inglés y que sólo un 18% aproximadamente se considera bilingüe.
Añadió que desde la década de 1960 hasta el presente se ha garantizado que a toda persona que no entienda el idioma español en nuestras cortes se le tiene que garantizar el uso de un traductor.
El presidente de la Comisión de Derechos Civiles, Vance Thomas, observó que a medida que un procedimiento se realice en inglés y las partes puedan perjudicarse por una determinación del tribunal porque no entiendan el proceso, se le estaría violando el debido proceso de ley.
“Hay que ver cómo es que van a aplicar esta ley porque tengo que partir de la premisa de que van a recurrir al uso del inglés cuando un testigo o un acusado no hable español. Eso crea la situación de que tendrían que proveerle un traductor a los que no hablan inglés”, sostuvo Thomas.
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