En peligro la fianza

miércoles, 9 de septiembre de 2009
Maritza Díaz Alcaide
Primera Hora

Alerta. Si usted, o un familiar suyo, es inocente y lo acusan de uno de varios delitos que se enumeran en un nuevo catálogo para los cuales habrá mayores restricciones al derecho a la fianza, las probabilidades de que caiga preso son muchas, y el castigo de cárcel se lo van a imponer sin que lo hayan encontrado culpable.

Abogados consultados por Primera Hora señalaron que el proyecto de la fianza de Luis Fortuño es peligroso para la ciudadanía en general por esa razón; porque las restricciones que impone para la concesión de la fianza son altamente onerosas y los que se afectarán principalmente son los pobres.

Se destacó que la medida es innecesaria porque no se sustenta en estadísticas que demuestren su necesidad, ya que son pocos los acusados que reinciden en actividad delictiva mientras están bajo fianza.

El Proyecto del Senado 1060 invoca el criterio de seguridad social para que en los delitos graves enumerados en la pieza legislativa no se pueda conceder fianzas sólo con el 10% en efectivo.
Será obligatorio además que al imputado se le coloque un grillete; se prohibirá que la fianza se satisfaga mediante una compañía fiadora y no se admitirá tampoco la fianza diferida (libertad sin pago de la fianza impuesta).

La lista de delitos para los cuales se imponen las restricciones es bien amplia. Incluyen el asesinato, el homicidio negligente cuando se conduce bajo los efectos del alcohol o drogas y hay una muerte, la agresión sexual cuando medie empleo de fuerza física, la venta de drogas que involucre determinado peso de la sustancia, actos de violencia doméstica con grave daño corporal y crímenes graves en que se utilice cualquier tipo de arma, entre otros.

La pieza legislativa provee además para que se efectúe el pago de la fianza en efectivo si se demuestra que el dinero por usarse proviene de “fuentes honradas”, para lo que deberá mediar una certificación de que el fiador es un contribuyente bona fide del Departamento de Hacienda.
La redacción del proyecto es confusa en este aspecto y parece que esto aplica solamente a los que son acusados de delito en ausencia.

“Este proyecto es bien peligroso. Le va a quitar casi toda la discreción al juez. Va en contra de la presunción de inocencia y convierte la fianza en un castigo inicial”, expresó, preocupado, el director de la Sociedad para la Asistencia Legal, Federico Rentas, quien sostuvo que en la vida diaria van a ocurrir dos cosas: una, van a proliferar los casos que se someten los viernes por la noche para procurar que Hacienda no produzca las certificaciones. Dos, el derecho a la fianza va a quedar en manos de los fiscales, porque son ellos los que determinan por qué delito se acusa.
“Aunque no tengan la prueba, van a acusar por los delitos que en la práctica no tienen fianza. Van a acusar por asesinato en primer grado, aunque la prueba sea por homicidio”, dijo el letrado, quien indicó que cuatro de cada diez personas que van a la vista preliminar salen con los casos archivados. “Ahí -afirmó- está el 40% de las personas que van a caer presas sin que haya siquiera prueba para determinar que hay causa para acusar”.

El profesor de derecho de la Universidad de Puerto Rico Félix Vélez Alejandro recordó que el privilegio del 10% fue establecido por jurisprudencia, precisamente para permitir que los más pobres pudieran satisfacer sus fianzas.

La abogada de la SAL Verónica Vélez afirmó que, en general, los sumariados no superan los $7,000 en ingresos anuales, mientras la mediana de las fianzas asciende a $15 mil.
“Este tipo de medida inquisitorial terminará afectando a las clases más pobres... exclusivamente”, dijo el abogado criminalista Arturo Dávila.

Dávila, Rentas, Vélez Alejandro y el experto en derecho constitucional Carlos Ramos coincidieron, por otro lado, en que el Gobierno no tiene ante sí prueba que justifique que la medida es urgente.

“Si en 2008 fueron informados como cometidos 68,738 delitos tipo I y, a su vez, las fiscalías informan que los casos de las personas que bajo fianza cometen un nuevo delito ascienden a 188; eso no equivale ni al 1% de los delitos tipo I”, dijo Dávila Toro, quien subrayó que los criterios de gravedad del delito imputado y la peligrosidad social del individuo ya son tomados en consideración por los jueces en el proceso de fianza.

Cabe señalar que Justicia ofreció ayer datos parciales sobre acusaciones criminales ante ese organismo: de enero a agosto, 21,600 y, según se indicó, incluyen casos viejos.
En cuanto a la constitucionalidad del proyecto, Ramos opinó que el mismo modifica “de manera sustancial” el derecho a la fianza y, aunque “los derechos no son absolutos”, dijo que no se podrá demostrar un interés apremiante para limitar esa prerrogativa ciudadana. Expresó que eliminar el 10% puede violar también el principio de igual protección de las leyes, en tanto subsista un discrimen por condición social.

Los fiadores también pusieron el grito en el cielo.
“Esto nos deja sin trabajo y el pobre va preso. La gente tampoco podrá contar con un amigo que quiera fiarle”, sentenció Elliot Marrero.
El fiador anticipó que el hacinamiento carcelario será mayúsculo y el Gobierno dejará de contar con la ayuda de las compañías de fiadores que buscan a los que se escapan, una labor que ellos realizan con extrema diligencia a fin de recuperar el dinero de la fianza prestada.
“Ese proyecto incluye el 60% de los delitos. Es discriminatorio y sólo habrá fianza para los que tengan dinero”, sostuvo el fiador Milton Garcel.

Sobre lo más importante, las víctimas inocentes, los entrevistados mencionaron que, ante la restricción de la fianza, tendrán que enfrentarse a unas condiciones carcelarias peores que las de los confinados comunes porque se les mantiene sin recreación 23 horas diarias.
Los sumariados tampoco disfrutan de los servicios de ayuda psicológica y de adaptación al ambiente carcelario.