Debaten enmiendas a la fianza

jueves, 10 de septiembre de 2009
Antonio R. Gómez
Primera Hora

El secretario de Justicia, Antonio Sagardía, defendió ayer los proyectos de administración que imponen límites al derecho a la fianza y restó importancia a las estadísticas sobre violaciones a las condiciones de fianza del número de personas que delinquen mientras disfrutan de la misma.
“No es mi política pública recomendar legislación por estadística. Lo que estoy proponiendo no tiene que ver con estadísticas”, dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Asuntos de lo Jurídico del Senado.

Mientras tanto, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) se opuso a la medida y sus portavoces reiteraron que estas propuestas afectarán más adversamente a las personas de escasos recursos del país.

Durante su intervención, Sagardía pidió al presidente de la Comisión, Héctor Martínez, que le dé tiempo a esta legislación y al Departamento de Justicia para evidenciar su efectividad y se comprometió a que si no logran su objetivo apoyará la propuesta del senador para promover una enmienda constitucional que elimine el derecho absoluto a la fianza.

“Antes de tocar la Constitución vamos a ser más efectivos, vamos a ser más proactivos. Me comprometo con el Senado que, si no funciona, yo favorecería una enmienda constitucional”, sostuvo. Ante la insistencia de Martínez en su propuesta de enmendar la Constitución, Sagardía afirmó que “antes de quitarle derechos al pueblo, uno tiene la obligación de legislar para atajar el problema, atacarlo mediante legislación”.

Al defender el proyecto del Ejecutivo, afirmó que “el Estado tiene un interés social apremiante en proteger a la ciudadanía de la peligrosidad de los imputados de delitos violentos, por lo que puede establecer restricciones al derecho a la fianza, sin la necesidad de eliminar el mismo”.

Por su parte, el director ejecutivo de SAL, Federico Rentas, afirmó que la legislación para limitar derechos no ha resuelto el problema de la criminalidad. “Se han realizado enmiendas a las Reglas, al Código Penal, se ha aumentado las penas, se ha eliminado los beneficios, se han limitado las opciones para las personas imputadas de delitos o convictas y la criminalidad sigue aumentando”, dijo. “Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué sigue aumentando? Pues sigue aumentando porque no hay una correlación entre la legislación que se está adoptando y el problema social que se quiere atajar”.

Agregó en su ponencia escrita que la medida “dejaría sin derecho a la fianza a todo aquel que no sea considerado contribuyente bona fide y/o fuera imputado de cometer ciertos delitos en específico”.
Destacó por otra parte que “aproximadamente el 40 por ciento de los casos criminales graves se celebran en contra de personas indigentes” .
Indicó que más de la mitad de los sumariados no vienen obligados a rendir planillas, por lo que no podrán ser considerados como contribuyentes bona fide al momento de prestar una fianza en efectivo.