Históricas las invasiones en la Isla

Por Maricelis Rivera Santos
10 de agosto de 2009 04:00 am

Las ocupaciones de terrenos del Estado son una constante en la historia puertorriqueña desde los inicios de la colonización en el siglo 16 como una respuesta de los sectores marginales a las desigualdades sociales.Esa es la opinión de la sociólogo Liliana Cotto Morales y el experto en urbanismo Edwin Quilés, quienes por largos años han estudiado las invasiones o rescates de terreno.“Más que un problema lo veo como una solución”, expresó Quilés al explicar que las personas que optan por esa opción resuelven el problema inmediato de la carencia de vivienda de interés social que el Gobierno no ha logrado satisfacer.

Según el también arquitecto, desde el siglo 16 los sectores pobres-negros y blancos- de la colonización española ocuparon terrenos residuales, que no tenían uso, cerca de las áreas urbanas.Los cimarrones también establecieron sus poblados ocupando terrenos como ocurrió en Loíza.Una de las comunidades que se formó de esta manera fue Cangrejos, en Santurce, que hizo convenios de defensa del territorio con las autoridades.Cotto Morales establece que esas ocupaciones han contado con la anuencia del Estado ante su incapacidad de servir a esos sectores.“Siempre, siempre ha habido lugares en toda la isla… No son alterados a menos que haya un uso más rentable para el terreno”, subrayó Quilés.Dijo que en el siglo 20 ese fenómeno fue bien marcado en las décadas del veinte al cincuenta cuando hubo los grandes éxodos masivos de la población de los campos a trabajar al comercio de las ciudades.

El arquitecto recordó que fue de esa manera que se establecieron los arrabales de Puerto Rico, que para los cincuenta constituía una población de 195 mil habitantes únicamente en el área de Santurce.“El Gobierno prefería dejarlos allí para tener mano de obra accesible”, sostuvo.No obstante, como los barrios populares comenzaron a crecer tanto, empezaron a verse como una amenaza porque era demasiada gente distinta, muchos pobres, viviendo cerca de la ciudad.“Towel dijo que era una amenaza, un estorbo”, puntualizó.

Algunos pensaban así por la cuestión social y otros porque creían que amenazaban la imagen de país. Es así como surgieron las políticas para el establecimiento de residenciales y la distribución de parcelas para hacerlos menos visibles, acotó el urbanista.Afirmó que los residenciales parecieron en ese momento una solución más higiénica, más segura porque vivían en unas estructuras mejor construidas, pero no se anticipó que realmente se estaban creando unos gettos.Cotto Morales y Quilés coinciden en que a partir de los sesenta y hasta los ochenta ocurrió una oleada de ocupaciones de terrenos con gente más organizada por todo el país, incluso en Vieques. Eran personas que venían huyendo de los residenciales a los campos y hasta migrantes de Nueva York que regresaban.

Ese fue el caso de Villa Sin Miedo, Pueblo Indio, en Canóvanas, Villa Cristiana y Las Carreras, en Loíza.Ambos coinciden en que eran casas mejor construidas, con calles, parques, iglesias, el colmado y hasta la escuela.Cotto Morales, autora del libro Desalambrar indicó que esas ocupaciones fueron distintas del período de los noventa con Villas del Sol, porque se trataba de los primeros que tenían una conciencia política y se veían así mismos como rescatadores de terreno ante la ineficacia del Estado.Mencionó que originalmente se trataba de gente trabajadora como empleados de comedores, policías y desempleados que formaron los arrabales como se da cuenta en la obra La Carreta de René Márquez.

El caso de Adolfina Villanueva, en Loíza, es particular porque se trató de un acto individual y además la comunidad estaba conformada por habitantes que ocuparon esos terrenos por muchas generaciones anteriores.En el 1992, la gente se establece en Villas del Sol en un área inundable.“En el rescate original calles mejor planificadas, mejor construidas era donde vivían los dominicanos donde hubo más empeño en hacer casitas”, explicó Cotto Morales.Según la socióloga, le decían Quisquella a esa parte de la ocupación.“Cuando la gente empieza a construir casas estables es porque tiene fe de que se iban a quedar”, apuntó.Cotto Morales explicó que según George Rude para comparar las protestas hay que tener tres cosas: la necesidad (vivienda), las ideas derivadas y el momento histórico.

En Villas del Sol se da un fenómeno histórico distinto al de las anteriores con la gobernación de Pedro Rosselló dado que hubo un cambio filosófico del Gobierno hacia el neoliberalismo.Antes el Partido Nuevo Progresista (PNP) decía invadan y nosotros cuando ganemos le damos los terrenos, pero la situación cambió.“El Gobierno no será más un proveedor sino, facilitador para que la empresa privada pueda construir vivienda de interés social”, apuntó la profesora universitaria.El problema surge porque los residentes de Villas del Sol y Villa del Carmen no eran elegibles para pagar casas baratas de $80 mil.

De manera que los municipios ocuparon el campo, como con el alcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges, otorgando materiales para construir.“Ya se venía dando esa ambivalencia del Gobierno clientelista y asistencialista”, subrayó.“La misma administración fue negligente porque no dio títulos de propiedad como antes, pero los dejó quietos, ahora vemos el mismo partido asumiendo unas posturas totalmente intransigentes”, aseveró.Quilés añadió que en este caso hay muchos elementos que impiden una mayor identificación de la sociedad como el asunto de la xenofobia.Recalcó que la ocupación de tierras es una solución que tiene que ser repensada porque no es adecuada la urbanización suburbana en una extensión de tierra limitada.“Hay alternativas más económicas de espacio y por más simpatía que se pueda sentir ante la pobreza, hay que ir buscando una solución; que eduquen a la gente de que no puedes reclamar mil metros”, expresó el arquitecto y conminó a la academia y los colegios profesionales a ofrecer esas alternativas.