Codigo penal en jaque

miércoles, 19 de agosto de 2009
Irene Garzón Fernández y Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora

¿Vuelta a la mano dura?
El nuevo Código Penal de 2004 acabó con la “burla de la política pública de la mano dura” de la administración de Pedro Rosselló, y trastocarlo ahora, como propuso el gobernador Luis Fortuño, podría abrir una caja de Pandora, según dos figuras claves en la aprobación del estatuto vigente.
“Lamentablemente, el Gobernador no recuerda que el Código Penal de 2004 terminó con lo que se llamó ‘la burla de la política pública de la mano dura’, en que por razón de bonificaciones y desvíos que otorgaba por ley la Administración de Corrección, la persona convicta sólo cumplía alrededor de una tercera parte de la sentencia impuesta”, expresó la criminóloga Dora Nevares Muñiz.

La reforma del Código Penal de 2004, sentenció la catedrática de derecho penal, “terminó con esta práctica”.
Por su parte, el ex senador Eudaldo Báez Galib, que presidió la Comisión de lo Jurídico del Senado en el cuatrienio 2001-2004, considera que Fortuño “está abriendo un caja de Pandora que le puede reventar en las manos seriamente”.
Báez Galib le recordó a Fortuño el “intenso cabildeo, en ocasiones rayando en insultos, que realizaron muchos sectores del país y él se está abriendo a que los sectores religiosos retomen aquel momento en que intentaron confundir el Código con la Biblia”.

También le recordó al Gobernador el “intenso cabildeo” de los desarrolladores, los contratistas y constructores para que el nuevo Código abandonara los recursos naturales.
Aunque se desconocen las enmiendas que propondrá la administración de Luis Fortuño en sus intentos por frenar la criminalidad que asedia al país, otros reconocidos letrados levantaron serias interrogantes sobre la posibilidad de que se trastoque toda una normativa jurídica que cumplió con sus objetivos principales.

Según sostuvo el ex presidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, el nuevo Código aportó a la normativa jurídica al introducir nuevos delitos relacionados con los temas ambientales, cibernéticos y de relieve internacional que no estaban contemplados bajo el Código Penal aprobado en 1974. El reconocido criminalista subrayó, además, que las penas del nuevo Código se mantuvieron relativamente iguales al anterior con la eliminación del proceso de bonificaciones y beneficios.

Pero en su mensaje el lunes a la Legislatura, Fortuño dijo que el documento que se produjo durante la administración de Sila Calderón “fue una bochornosa carta blanca a los criminales”. Algunos estudiosos del derecho calificaron el comentario como “desafortunado y demagógico”.
“La criminalidad no tiene nada que ver con el nuevo Código Penal del 2004”, dijo Fontanet.
Para el profesor de derecho Carlos Díaz Olivo, la posición asumida por el Gobernador también causa preocupación ante la posibilidad de que se aprueben enmiendas que le resten efectividad al estatuto.

“Un código no es lo mismo que una ley. El Código es una regulación sistemática y ordenada. Cada artículo está pensado como una parte integral, pero si tocas uno lo puedes romper todo. Puedes acabar desmembrando y quitándole efectividad”, dijo.

Reconoció que los códigos a veces son enmendados para reflejar el sentir de la población en torno a una conducta “antisocial”, pero advirtió que el proceso tiene que llevarse a cabo con sumo cuidado. “No se puede hacer un parche que mutile el Código”, añadió.
Para el ex senador pipiolo Fernando Martín, la propuesta de Fortuño tiene un enfoque punitivo que carece de sustancia.