El Tribunal Apelativo revocó el miércoles la decisión de la jueza de Primera Instancia Lauracelis Roques Arroyo en el caso del Gasoducto del Sur lo que da luz verde para continuar con la construcción del polémico proyecto.
La determinación judicial fue informada el Apelativo al abogado del municipio de Juana Díaz, Rafael Toro, quien de inmediato indicó que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo.“Yo esperaba otra decisión porque la jueza de Ponce había dejado en manos de la Junta de Calidad Ambiental atender el asunto de las discrepancias en las distancias por lo que lo prudente era que se paralizaran los trabajos de construcción para que la decisión de la Junta no se convierta en académica”, dijo el letrado a Prensa Asociada.
El licenciado Toro dijo que la decisión del Tribunal de Apelaciones no mantiene la paralización de los trabajos de construcción por lo que la empresa Skanska, contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica para el desarrollo del gasoducto podría reiniciar en los próximos días los trabajos de remoción de terrenos, excavaciones y enterramiento de la tubería de 20 pulgadas de diámetro.Ante esta situación el abogado del municipio de Juana Díaz adelantó que someterá de inmediato un recurso en “auxilio de jurisdicción” para el Tribunal Supremo en lo que se somete el recurso de apelación que mantenga la paralización de la construcción.“Como la sentencia no sostiene la paralización de la construcción, vamos acudir con un recurso en auxilio de jurisdicción al Supremo para que mantenga la parte de la sentencia de la jueza Roques Arroyo de que no se siga construyendo hasta que se decida finalmente el caso”, señaló.
“Vamos a pedir que se proteja la jurisdicción de la Junta de Calidad Ambiental”, añadió. El también ingeniero explicó que en la sentencia el Apelativo argumenta que la jueza Roques Arroyo “no debió haber asumido jurisdicción porque le correspondía a la agencia administrativa, la JCA”, adjudicar la controversia.La AEE, la Procuradora General, así como la JCA, argumentaron ante el Apelativo que la jueza Roques Arroyo carecía de autoridad en ley para paralizar la construcción del gasoducto y que le correspondía a la Junta de Calidad Ambiental atender las fallas en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
Toro argumentó que si Skanska reanuda los trabajos de construcción aun cuando el proceso judicial no haya culminado podría convertir, tanto lo que pueda decidir el Tribunal Supremo como la Junta de Calidad Ambiental en académico.“Si no se mantiene la paralización el gasoducto podría construirse y entonces de nada valdría lo que puedan decidir el Tribunal Supremo y la Junta de Calidad Ambiental”, comentó.Toro adelantó que esta semana trabajaría en la redacción de la apelación al Supremo la cual deberá estar siendo sometida la semana entrante. El proyecto, que según proyectado inicialmente tendría un costo de 74 millones de dólares, consistiría de una tubería de acero de unas 20 pulgadas de diámetro soterrada a unos cuatro pies de profundidad que se extendería por 42 millas a través de los municipios de Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas.
Según los planes de la AEE, la tubería llevará gas natural de la planta EcoEléctrica, en Peñuelas, hasta la Central de Ciclos Combinados de Aguirre, en Salinas, para la producción de energía.El proyecto había sido paralizado en varios tramos por tres foros distintos: la Junta de Calidad Ambiental, el Tribunal de Primera Instancia de Ponce y la Agencia federal para la Protección Ambiental.
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