En la cuerda floja miles de funcionarios públicos

lunes, 13 de julio de 2009
Leysa Caro González / Primera Hora


Los nombramientos, ascensos, reclasificaciones y traslados de miles de funcionarios públicos podrían estar en la cuerda floja tras el Departamento de Justicia emitir ayer una opinión legal declarando nula cada una de las transacciones realizadas durante el periodo de veda electoral.
Aunque no hay un número exacto de los trabajadores que podrían ser cesanteados, ni si ésa será la determinación final del Gobierno con cada uno de los funcionarios, la realidad es que éstos se sumarían a los 30 mil despidos que la actual administración penepé tiene en la mira a los fines de lograr ahorros.


Durante las vistas de transición de la Oficina de Recursos Humanos del ELA (Orhela), salió a relucir que entre el 5 de septiembre y el 26 de noviembre de 2008 se habían nombrado 5,140 empleados nuevos, por lo que se estima que el número podría ser mayor.
Los funcionarios que podrían quedar sin sueldo serían aquellos que fueron nombrados, reclasificados o trasladados dentro del periodo de la veda electoral que comprende dos meses antes y dos meses después de las elecciones generales.


La opinión legal, explicó el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, concluyó que el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, condicionó mediante declaración explicativa cada una de las transacciones realizadas durante ese tiempo, ignorando por completo la aprobación del presupuesto 2008-2009 que prohibía las transacciones de personal durante la veda electoral.
El presupuesto aprobado estaba establecido en las resoluciones conjuntas 56 y 57, ambas citadas por el titular.


La sección 4 de ambas medidas establecía que “se prohíbe el reclutamiento de personal con cargo a las asignaciones consignadas para gastos de nómina a través de esta resolución conjunta, excepto los cambios como resultados de la terminación del periodo probatorio, renovaciones de empleados transitorios e irregulares y la imposición de medidas disciplinarias”.
Sin embargo, según la interpretación del ex mandatario, detallada en el memo 1 del 2008, esas transacciones sí estaban permitidas, legalizando las mismas. “Está determinado que ese memo es nulo. Que ese memo no es vinculante y no está dentro de la facultad del Ejecutivo”, sentenció Sagardía.


“Un gobernador de Puerto Rico no puede, mediante un memo explicativo, dar una directriz que desde el punto de vista jurídico es ultra vires a una agencia especializada y en esencia le dice: 'Aplique esta ley de acuerdo a este memo', porque lo que está poniendo en vigor el gobernador no es lo que aprobó la Asamblea sino un criterio muy personal”, apuntó.
Aunque ni Sagardía ni el secretario del Trabajo, Miguel Romero, quisieron especificar las repercusiones de la opinión emitida por Justicia hasta tanto la Orhela revise cada una de las transacciones y concluya los pasos a seguir, la realidad es que se trata de nombramientos que podrían quedar anulados.no afecta la Ley 7


A preguntas de la prensa, Romero indicó que entiende que la opinión no afecta el ya iniciado proceso de implementación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, pues la misma establece que las primeras cesantías serán las de aquellas personas que ocupan puestos de menor autoridad y así se ha hecho.


Aun así, Romero no pudo establecer con severidad si algunos de los empleados ya cesanteados están dentro de este grupo en peligro, pues muchos de éstos nunca le fueron reportados. “Estamos trabajando este asunto de la forma correcta”, aseguró